“Creo que este es el inicio de un caminito que yo espero tenga un efecto dominó y caiga gente involucrada en este tema. Eso solamente lo saben los jueces de Texas, pero seguramente habrá otros nombres que irán cayendo. Puede estar en ese supuesto cualquiera que hubiera participado en el proceso de saqueo de Coahuila”.

La frase anterior corresponde a las declaraciones del “superdelegado” del Gobierno de la República en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, tras conocerse la detención del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, a quien ayer se vinculó a proceso de extradición.

Como se ha informado, el sustituto de Humberto Moreira Valdés en la titularidad del Poder Ejecutivo local fue arrestado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, a solicitud del gobierno de Estados Unidos, en el estado de Jalisco y trasladado a un reclusorio en la Ciudad de México, donde se desarrollará el proceso de extradición.

Las declaraciones del representante del Gobierno de la República en Coahuila sin duda reflejan la opinión y el deseo de muchos coahuilenses a quienes agravia lo ocurrido con la denominada megadeduda, un caso que en la opinión pública constituye uno de los más importantes episodios de corrupción registrados en la entidad.

Por desgracia, el señalamiento es más un deseo que un diagnóstico basado en datos objetivos, pues mezcla de manera desafortunada hechos ocurridos en Coahuila con facultades de las autoridades de Estados Unidos.

Y es que respecto del caso Torres López, igual que ocurre con el proceso seguido en Texas a Javier Villarreal Hernández, es preciso ser claros: las autoridades de los Estados Unidos persiguen a ambos exfuncionarios estatales por delitos que presuntamente cometieron en el territorio de los Estados Unidos, no por haber defraudado las finanzas de Coahuila.

Los delitos que se les imputan en territorio norteamericano muy probablemente estén conectados con el gigantesco fraude cometido en contra de las finanzas de Coahuila durante el sexenio en que gobernaron Humberto Moreira y Jorge Torres, pero los fiscales estadounidenses no pueden perseguir a nadie por un delito cometido en territorio mexicano.

Debido a ello, el “efecto dominó” que el delegado Reyes Flores desea ver sólo se dará en la medida en que los posibles “co-conspiradores” –como han sido identificados en el juicio seguido contra Javier Villarreal–, que actuaron en complicidad con Villarreal y Torres, fueran acusados de haber cometido delitos en territorio de Estados Unidos.

La aclaración sirve, desde luego, para hacer énfasis una vez más en la paradoja de este caso que ha sido señalada en múltiples ocasiones: mientras las autoridades de otros países son capaces de encontrar evidencias de delitos cometidos por exfuncionarios coahuilenses vinculados a la megadeuda, en México y Coahuila nadie parece interesado siquiera en abrir una investigación al respecto.

Desde esta perspectiva, el “efecto dominó” que cabría esperar es el que nunca ha iniciado en México. Habrá que ver si la nueva administración federal se anima a empujar la primera ficha.