‘Caso Oceguera’, ¿cuánto hay de fondo en él?

Como suele ocurrir en casos como el que nos ocupa, tras la detención del expresidente municipal de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera Rodríguez, han comenzado a circular datos que demostrarían su culpabilidad en los hechos que se le imputan y por los cuales habrá de ser procesado penalmente.

Los datos que importan, desde luego, son aquellos relacionados con el fondo de la acusación: que desvió recursos de la hacienda pública a su cargo para incrementar su fortuna personal.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, se ha revelado que, durante la última década, Oceguera Rodríguez habría creado un auténtico emporio empresarial integrado por una docena de empresas en las cuales tendría participación accionaria al lado de sus hijos.

Es de esperarse, desde luego, que los datos que hoy circulan de manera extraoficial se encuentren debidamente incorporados al expediente merced al cual la Fiscalía General de Coahuila solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del exmunícipe.

Y cuando decimos “debidamente incorporados” lo que debe entenderse es que en el expediente exista evidencia de que el dinero con el cual se constituyeron las empresas, o el derivado de sus actividades mercantiles, implica necesariamente la comisión de conductas ilícitas y que estas se relacionan con las responsabilidades públicas que tuvo Oceguera.

Porque el sólo dato de que Oceguera Rodríguez aparezca como accionista en múltiples empresas no prueba nada, más allá de servir para alimentar las especulaciones y dotar de alguna verosimilitud a las historias que se cuentan en los mentideros políticos.

No se trata, desde luego, de exculpar a quien, como se ha documentado en las páginas de VANGUARDIA, tuvo un tránsito “turbulento” por el servicio público –para decirlo con un término suave–, sino de poner el énfasis en lo jurídicamente importante: la culpabilidad de Oceguera solamente puede probarse en el desahogo del proceso penal que se le sigue y eso es responsabilidad de la Fiscalía General de Coahuila.

Vale la pena insistir en este hecho, porque es común en este tipo de casos que se levante una gran expectativa en torno a la detención y los datos que intencionadamente se filtran a los medios, y luego el tema se vaya diluyendo en el tiempo para concluir con una pifia de la autoridad.

El mejor y más reciente ejemplo de este tipo lo tuvimos cuando la detención y extradición de Emilio Lozoya generó un gran revuelo y expectativa en el sentido de que se convertiría en un caso “paradigmático” de combate a la corrupción y, al menos hasta ahora, lo único que ha arrojado como resultado son escándalos mediáticos.

Los ciudadanos lo que demandamos son pruebas puntuales de que la corrupción está siendo combatida con eficacia y determinación. Y para que ello ocurra lo que este tipo de casos deben producir son sentencias condenatorias a partir de casos armados con profesionalismo y pulcritud. Eso, y nada menos, es lo que debería ocurrir en este caso.