El de la Universidad Autónoma de Durango se está convirtiendo, al menos en apariencia, en uno de esos casos en los que –todo pareciera indicar– las autoridades no han actuado en la forma pulcra que cabría esperar, sino más bien con cierta “ligereza” por decir lo menos.

Y es que a las declaraciones iniciales del secretario de Educación, Higinio González Calderón, en el sentido de que ninguna de las carreras impartidas por la institución contaría con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), le ha seguido una precisión que no es trivial por parte del responsable del área jurídica de la SEDU: la afirmación de González Calderón sería cierta, pero sólo en el caso de la carrera de medicina.

Enrique Flores, titular del área, dijo algo todavía más significativo, que ubicaría en el terreno de las responsabilidades legales lo declarado por el titular de la Sedu: “Aún no podemos hablar de sanción porque se está analizando, investigando”.

La legislación en materia de acceso a la información prohíbe de forma expresa que las autoridades revelen información relacionada con un caso que se encuentre en estudio y sobre el cual, eventualmente, se emitirá un fallo, razón por que esta debe mantenerse en reserva.

Más allá de la prohibición expresa para no revelar tal información, incluso si alguien le hubiera preguntado, resulta obligado cuestionarse las razones por las cuales el Secretario de Educación decidió ventilar, públicamente, datos respecto de los cuales la dependencia a su cargo aún no ha concluido si se trata de una irregularidad o no.

A falta de información puntual sobre el hecho, la mesa se encuentra puesta para la especulación y eso invita a considerar la hipótesis de que la posible intención del funcionario fuera el “linchamiento mediático” de la institución a partir de un interés personal en el caso.

Y es que, como ya se ha dicho, la Universidad Autónoma de Durango representa una competencia directa para la institución de educación superior que Higinio González dirigía hasta el mes de diciembre pasado, cuando fue incorporado al gabinete estatal.

¿Nos encontramos ante un intento de utilizar información privilegiada con el propósito de influir en el mercado de la educación superior privada? ¿Está Higinio González actuando en este caso a partir de un evidente conflicto de interés?

Parecería un asunto sutil o nimio, pero no lo es. Porque si, como lo ha dicho el titular del departamento jurídico de la Sedu, dicha dependencia ni siquiera ha determinado la existencia de una irregularidad y el problema de la falta del RVOE, aunque cierto, no abarca a todas las carreras ofrecidas por la UAD, no pareciera existir razón para que el titular de la Secretaría instalara la “polémica” en la opinión pública.

González Calderón tendría que aclarar por ello las razones que le llevaron a emitir las declaraciones que dieron pie a la controversia y, en todo caso, las autoridades del Sistema Anticorrupción tendrían que intervenir para establecer si el funcionario no se encuentra en zona de conflicto de interés.