Los anuncios del gobernador convocan al optimismo y constituyen ofrecimientos cuya realización se antoja deseable

Hoy inicia el quinto año de la administración que encabeza Rubén Moreira Valdez y, si nos guiamos por los señalamientos que marcaron el diálogo que sostuvo ayer con los integrantes del Poder Legislativo de Coahuila, la recta final de su mandato debería estar marcada por la concreción de medidas en contra de la corrupción y el abandono de responsabilidades.

Dominado por los señalamientos en torno a presuntos actos de corrupción, así como al fenómeno de las personas desaparecidas, el encuentro con los legisladores locales sirvió de marco para que el titular del Ejecutivo anunciara acciones puntuales en ambos aspectos.

Por un lado, se afirmó que habrá castigo en contra de quienes, por omisión, contribuyeron a que el problema de desapariciones padecido en nuestra entidad se volviera más agudo y, eventualmente, cobrara una dimensión mayor a la que pudo tener.

Por el otro, se anunció la profundización de las medidas en contra de notarios públicos, funcionarios y particulares que han intervenido en el auténtico “secuestro” a que ha sido sometido el Registro Público de la Propiedad, cuya problemática ha sido ampliamente reseñada.

Se trata de posicionamientos importantes ubicados en la dirección de las más relevantes inquietudes sociales: las relacionadas con el abuso en el ejercicio del poder, así como con la ineficacia en el desempeño de la función pública.

El tema de las personas desaparecidas, en particular, constituye un reto sumamente importante, pues el que se tenga claridad respecto de la actuación negligente de funcionarios públicos implica toda la diferencia entre comenzar a hacer justicia, a las familias de las personas desaparecidas, y mantenerles en la desesperanza.

Actuar en contra de quienes abandonaron sus funciones y contribuyeron con ello a incrementar la magnitud de la tragedia humanitaria padecida en Coahuila constituye, por otra parte, comenzar a construir las condiciones para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir jamás.

Castigar -en serio- la corrupción emprendiendo acciones en contra de quienes han construido auténticas “mafias” dentro de las estructuras gubernamentales implica también la posibilidad de transformar la percepción colectiva en el sentido de que la corrupción es un problema endémico y que no tiene solución en nuestro país.

Los anuncios realizados por el Gobernador del Estado convocan al optimismo y constituyen ofrecimientos cuya realización se antoja deseable como estrategia de cierre del sexenio.

Lo que falta ahora es que al ofrecimiento le siga la voluntad política para concebir y poner en práctica estrategias cuyo propósito sea realmente el abandonar las prácticas y costumbres que nos han colocado en la situación actual, es decir, en la situación de una sociedad en la cual la impunidad es el signo distintivo de la realidad cotidiana.