Tras una larga investigación en la cual participaron diferentes dependencias del Poder Ejecutivo de Coahuila, se logró identificar un importante número de personas concretas que obtuvieron un beneficio fiscal a partir de prácticas fraudulentas.

El beneficio en cuestión es el relativo al bajo costo que para una persona con discapacidad física tienen los derechos vehiculares, además de que el portar placas especiales permite al poseedor del vehículo estacionarlo en los lugares preferenciales que la ley obliga a señalar en los estacionamientos de los edificios públicos y privados.

De acuerdo con la información que se conoce, en 2016 el padrón de personas con discapacidad sufrió un inusual crecimiento, pasando de un promedio anual de 5 mil integrantes, a 13 mil, lo cual hizo sospechar a las autoridades responsables de la recaudación tributaria, razón por la cual se ordenó la realización de una investigación.

El proceso implicó el cotejo de varias bases de datos, entre ellas la del registro civil, gracias a lo cual se detectaron unos 200 casos en los cuales, quienes acudieron a realizar el trámite para la obtención del beneficio, lo hicieron en nombre de una persona que ya había fallecido.

Se verificó igualmente el padrón de médicos que expidieron las constancias de discapacidad y se solicitó la comparecencia de aquéllos, obteniendo como explicación señalamientos en el sentido de haber sido “sorprendidos” por quienes acudieron con ellos, pues frente a las afirmaciones de que el discapacitado no podía moverse (lo cual es creíble) los médicos aseguran haber actuado de buena fe.

Con independencia de que las indagatorias detecten la existencia de nuevos casos en los cuales se demuestre la mala fe, existe al menos un conjunto de éstos en los cuales las autoridades cuentan ya con toda la información necesaria para proceder en contra de quienes pretendieron “pasarse de listos”: los relativos a personas a favor de quienes se hizo el trámite cuando ya habían fallecido.

La mala fe en estos casos ni siquiera necesita ser argumentada: está plenamente demostrada y la conducta debiera ser por ello castigada de forma ejemplar y sin ambigüedades.

No basta, en este sentido, que se llame a los contribuyentes y se les obligue a pagar lo que originalmente era su obligación. Es necesario que en su contra se enderecen los procesos legales a que haya lugar a fin de lograr uno de los propósitos de las sanciones: disuadir a otros potenciales infractores.

Si no se hace tal, se estaría enviando un mensaje negativo a los contribuyentes cumplidos: no importa que intentes defraudar al fisco, pues al final lo peor que puede pasarte es que te obliguen a pagar lo que originalmente era tu obligación, lo cual se traduce en un incentivo para que más personas decidan dejar de cumplir sus obligaciones o intentar, por cualquier vía, burlar la ley.