El delegado del Gobierno de la República en Coahuila ha decidido “ponerle el cascabel al gato” en el tema de la extracción y comercialización de carbón mineral en Coahuila: “Hay mucha denuncia de irregularidad en el proceso de intermediación. Es un proceso que se tiene que tomar con responsabilidad en la compradora que es la CFE”.

La frase de Reyes Flores Hurtado resume bien el problema y lo hace, además, de forma equilibrada: existe un fenómeno de extracción ilegal y de “coyotaje” de carbón, pero éste persiste porque quien compra, es decir, el Estado Mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha implementado los controles adecuados para combatirlo.

El delegado Flores fue incluso más explícito al afirmar que “si hay extracción ilegal es porque alguien la está comprando”. Exactamente igual que sigue ocurriendo con el robo de combustibles, cuya comercialización se hace a través de canales “formales”, es decir, de las estaciones de servicio que operan a la vista de todos.

Por ello, el “huachicoleo” de carbón tendría que ser combatido con la misma lógica que el de las gasolinas: mediante la aplicación de técnicas de inteligencia financiera en el lugar donde todas las transacciones deben ser rigurosamente registradas, porque se trata de una entidad pública: la CFE.

El ‘huachicoleo’ de carbón tendría que ser combatido con la misma lógica que el de las gasolinas: mediante la aplicación de técnicas de inteligencia financiera"

En el fondo, la receta es la clásica de cualquier fenómeno ligado a prácticas de corrupción: seguir el rastro del dinero. De esta forma, dar con quienes están extrayendo carbón de forma ilegal, o están obteniendo ganancias mediante el tráfico de los códigos para la comercialización del mineral, no tiene por qué ser una tarea compleja.

El delegado Flores Hurtado ha dicho al respecto que ya se iniciaron 11 procedimientos de investigación en torno a minas que operan de forma ilegal y que el propósito del Gobierno de la República es “encontrar la línea de los empresarios y las compañías que están haciendo esta práctica”.

Elemento conspicuo en esta historia es la Prodemi, organismo creado por el Gobierno de Coahuila para posibilitar que pequeños productores de carbón puedan venderle a la CFE el mineral que extraen.

Al respecto, Reyes Flores afirmó que “el tema de Prodemi es una denuncia permanente; se ha planteado en la mesa la necesidad de evitar su intervención y que la licitación sea en paquete y que los concesionarios participen directamente. Es un tema que ya está en la CFE”.

Resulta deseable que la más reciente discusión abierta en torno a la extracción y comercialización de carbón en Coahuila no concluya como lo han hecho todas las anteriores, es decir, dejando las cosas exactamente en el mismo punto donde se encuentran ahora.

Sería de esperarse, en cambio, que las irregularidades denunciadas se investiguen con seriedad y que se ponga orden en una industria que en el pasado reciente incluso se ha prestado para la incursión del crimen organizado.

Y tal cosa es de esperarse, desde luego, para que la riqueza del subsuelo de aquella región sirva para que sus habitantes mejoren su nivel de vida y no sólo para enriquecer a unos cuantos.