Que existan cientos de carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción difícilmente puede considerarse un avance en el proceso de combate


De acuerdo con el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, Jesús Homero Flores Mier, la dependencia a su cargo ha abierto más de 400 carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos a quienes se podría perseguir, sobre todo, por el delito de peculado.
La cifra suena espectacular y, al menos en teoría, estaría retratando una realidad alineada a los deseos de la ciudadanía: finalmente, los servidores públicos que han cedido a la tentación de la corrupción están siendo, por lo menos, investigados.

Pero antes de echar las campanas al vuelo resulta prudente analizar las cifras un poco más de cerca.

Lo primero que debe decirse respecto de estas, es que alrededor de la 
mitad de las denuncias recibidas por la Fiscalía (214) provienen de la Auditoría Superior del Estado.

¿Por qué es importante puntualizar este dato? Porque, como ya lo hemos reseñado anteriormente en las páginas de VANGUARDIA, las denuncias interpuestas por la ASE -180 de las cuales han sido promovidas en los últimos tres meses- se han presentado “en contra de quien resulte responsable”.

En otras palabras, las carpetas de investigación abiertas a partir de tales denuncias, a pesar de que derivan del trabajo de auditoría de la ASE no señalan a nadie concreto como presunto responsable de un delito, razón por la cual todavía hace falta realizar la investigación para determinar si a la presunta irregularidad detectada es posible ponerle nombre y apellidos.

Lo segundo que debe destacarse de las declaraciones del fiscal Flores es la ambigua respuesta ofrecida cuando se le cuestionó si la dependencia a su cargo tiene la capacidad para cubrir la totalidad de las denuncias que ha recibido: “trabajamos con lo que tenemos”, ha dicho el funcionario.

Las precisiones anteriores resultan relevantes porque uno de los efectos que cabría esperar respecto de las acciones de las instancias integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción sería que disuadieran a los funcionarios públicos de caer en la tentación de la corrupción.

Lejos de tal posibilidad, el sólo hecho de que existan cientos de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía Anticorrupción difícilmente puede considerarse un avance en el proceso de combate a dicho fenómeno porque no se percibe en tales cifras la posibilidad real de que los actos reprochables de nuestros funcionarios vayan a 
ser castigados.

Más aún: respecto de la mayor parte de tales carpetas más bien cabría esperar que pase algo similar a lo que ocurre cada año con las múltiples “observaciones” que sobre las cuentas públicas de los entes fiscalizados emite la ASE: que se vayan diluyendo hasta terminar en nada.

Resultaría interesante que los actos de la Fiscalía Anticorrupción desmintieran la vocación de desconfianza que las autoridades han fomentado en los ciudadanos a fuerza de errar en el cumplimiento de sus funciones. Pero eso sólo podremos saberlo con el tiempo. Al menos por ahora, resulta difícil creer que las cientos de denuncias interpuestas estén sirviendo para inhibir los actos de corrupción.