Cifras maquilladas que son injusticias
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Para analizar el funcionamiento de las instituciones del sistema penal se necesitan datos. Indicadores sobre la cantidad de delitos, sobre denuncias, sobre el número de investigaciones, sobre la forma de determinar esas investigaciones, sobre sentencias y sobre muchos otros elementos y matices que nos permiten analizar la forma en que las instituciones gubernamentales hacen frente a los delitos. Si no contamos con datos precisos, no se pueden hacer análisis certeros, ni recomendaciones para mejorar el desempeño de dichas instituciones. Las propias instancias gubernamentales requieren de estos y otros indicadores para administrar de mejor manera sus recursos finitos.
Sin embargo, no se registra de forma correcta y certera la enorme cantidad de delitos que acontecen en el país ni la forma en que las instituciones canalizan estos delitos. Respecto a este tema, identifico varios problemas en los indicadores del sistema de justicia penal: por un lado, no se recopilan ni se reportan de forma homologada datos sobre la operación y resultados de las instituciones del sistema de justicia. Esto ocasiona que la información producida no pueda ser utilizada por las propias instancias que la generan, ni por otras instancias que deberían trabajar coordinadamente, menos aún por actores externos a ellas. Y por otro lado, existe una difundida práctica de maquillar cifras e indicadores con el objetivo de mentir sobre la incidencia delictiva en el país y para mostrar un mejor desempeño.
Esta semana, el gobierno de la Ciudad de México publicó un reporte donde se especifican la cantidad de delitos erróneamente clasificados por parte de la Procuraduría de la CDMX durante el 2018. Este informe revela de qué forma algunos delitos de gran impacto (como el homicidio, la violación y el secuestro) fueron subreportados de forma sistemática clasificándolos como otros delitos. Si a la PGJ le llegaba un caso de homicidio en el que también ocurría un robo, lo catalogaban como robo y olvidaban al occiso. La Ciudad de México no es el único estado que subreporta sus delitos, tan sólo basta con analizar las incongruencias que existen entre los indicadores que las procuradurías y fiscalías reportan al Inegi, al Secretariado Ejecutivo y a las solicitudes de acceso a la información para determinar que el maquillaje de cifras es una práctica difundida en el país. Esta mala práctica, además de provocar una pérdida de información valiosa sobre patrones delictivos, deja al descubierto la forma sistemática en que la operación del sistema penal puede generar injusticias. Incontables víctimas de violencia que recibieron una respuesta inadecuada por parte de las autoridades, en un intento por manipular su eficacia.
Es indispensable iniciar una discusión pública respecto a la forma en que las instituciones del sistema de justicia penal recopilan información sobre su desempeño. También se requieren procesos de auditoría dentro de las mismas instancias sobre la forma en que generan y publican datos. Otro elemento necesario son las mesas interinstitucionales en las que los operadores encargados de generar estadística (en las policías, las procuradurías y el poder judicial) se den cuenta de los lenguajes tan distintos que hablan y de los beneficios que existen al generar datos interoperables. Lo que podría parecer una discusión meramente metodológica y abstracta puede tener repercusiones en la forma en que se gestionan y se coordinan los distintos operadores del sistema. Y más aún, puede mostrar cómo los modelos de gestión pueden hacer mucho más por reducir la impunidad que los cambios legislativos y las contrarreformas.
