Ciudad de pozos
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Si un día cualquiera fotografiamos las calles por las que cotidianamente transitamos, seguro obtendríamos un catálogo de deficiencias en la carpeta asfáltica: baches, grietas, protuberancias, líneas despintadas (o total ausencia de pintura), bordos que representan riesgos para cualquier vehículo que intente atravesarlos (muchos instalados sin los permisos necesarios, por cierto) o los rescoldos de algún recarpeteo que a todas luces resultó insuficiente. Todo ello, lamentablemente, forma parte de nuestro paisaje urbano.
En el caso de Torreón, al menos el 50% del pavimento de la ciudad tiene algún grado preocupante de deterioro. Hay sectores por los que transitar representa una auténtica odisea, un deporte extremo que, según especialistas, también causa afectaciones a la salud. A inicios de año, el académico Roberto López Franco comentó en una entrevista para el programa Actualidades GREM que el pésimo estado de los servicios públicos provoca frustración, ansiedad, irritabilidad, angustia y enojo, pero además de ello, en algunos casos genera la percepción de que la apatía y la indolencia ciudadana nos han hecho merecedores de autoridades que no terminan por resolver con eficacia los problemas más básicos de la población. Esta semana, en el mismo programa, ante la pregunta “¿Cuál consideras que es la obra de infraestructura más urgente en tu sector habitacional?”, un ciudadano (de los tantos que mencionaron como respuesta el pavimento), ofreció su comentario en tono de irónica resignación: “Por lo menos que nos vengan a bachear, pues ya sabemos que no nos merecemos una repavimentación completa”.
Y es que la pavimentación, o el recarpeteo, o el bacheo (según para lo poco que alcance), son el cuento de nunca acabar. En Octubre de 2017, Vanguardia publicó que de 2014 a 2016, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial bacheó 232 mil 882 metros cuadrados de calle, a un costo de entre 120 y 150 pesos el metro cuadrado. El año pasado, el organismo informó haber realizado 5,500 acciones de recarpeteo y pavimentación en 400 colonias. Se invirtieron 111 millones de pesos.
Incluso, para agosto, la dependencia municipal aseguró haber rebasado la meta de todo el 2018, pues se proyectaron en el año 1 millón 428 mil 853 metros cuadrados de pavimentación y para el octavo mes se habían cubierto 295 mil 931 metros cuadrados más. Además, antes del último trimestre de 2018 ya se había cumplido la meta de bacheo: 100 mil 300 metros cuadrados (la meta proyectada de la dependencia, que no es la totalidad de la superficie que necesitaba el bacheo). Entonces vinieron las intensas lluvias e inundaciones de Septiembre y todo, literalmente, se desmoronó. La histeria colectiva se volcó contra una administración municipal que sólo ha podido ofrecer respuestas tibias ante las condiciones desastrosas en que heredó la ciudad.
Se sabe que un pavimento en estado óptimo puede hacer que un coche ligero ahorre hasta un 12% de combustible; en contraparte, la constante circulación de un vehículo por calles llenas de baches, reduce su vida útil un 25%. El año pasado, el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón recibió unas 75 denuncias ciudadanas por daños a vehículos ocasionados por baches; al menos una veintena resultó favorable para el afectado. Sin embargo, son pocos los que se animan a emprender el engorroso y tardado trámite.
Para este año, el gobierno de Coahuila propuso un esquema de colaboración con los ayuntamientos para realizar obras de infraestructura a partes iguales denominado “Vamos a michas”. En el caso de Torreón, la bolsa conjunta sumará 400 millones de pesos y se privilegiará la pavimentación y el drenaje, temas que siguen siendo urgentes y en los que nadie ha dado una, pues las obras estatales de pavimentación también se han caracterizado por su lentitud, opacidad e, incluso, por abandonarlas precisamente “a michas”.
Un caso particular fue el de las colonias Jacarandas y Alamedas, donde el estado inició obras de pavimentación en mayo de 2017 y las detuvo sin explicación un mes después, tras las elecciones del 4 de junio. Los colonos debieron lidiar con pavimento destruido, baches, montones de tierra, tubería abandonada e infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales. Se supo luego, tras protestas, bloqueos e insistentes cuestionamientos a la autoridad, que el gobierno de Coahuila decidió parar las obras y destinar 60 millones correspondientes a ellas a la construcción del nuevo cuartel militar de San Pedro, que se inauguró en noviembre de ese año, con inversión de 980 millones de pesos. ¿Por qué se movió dinero de un rubro a otro? Porque, según el gobierno de Coahuila, el estado de Chihuahua (que también integra la XI Zona Militar) no donó la parte que le correspondía para la construcción del cuartel, debido al plan de austeridad del gobernador panista Javier Corral tras el desastre financiero que dejó su antecesor, el priista César Duarte, quien está prófugo con acusaciones de desvío de fondos públicos para las campañas del tricolor en 2016; es decir: ciudadanos de Torreón debieron padecer las consecuencias de la corrupción en un estado ajeno. Para otros retrasos nunca hubo explicaciones.
Esta semana, el empresario Eduardo Castañeda, integrante del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, consideró que el esquema “Vamos a michas” es una muestra más de que el gobierno de Coahuila no tiene liquidez económica (justo ese fue el argumento para solicitar el nuevo crédito por 550 millones de pesos). Incluso, el empresario fue más allá al expresar que el gobierno estatal pretende acercarse a las comunidades y colonias de Torreón con fines electoreros, por lo que pidió a las autoridades municipales cuidar que el gobierno del estado no “cacaree” las obras conjuntas como propias.
Y aunque al ciudadano lo que al final le importa es ver que se le dota de los servicios que merece, independientemente de qué autoridad se haga cargo, lo cierto es que un aspecto fundamental de la participación ciudadana es saber quién hace qué con los recursos públicos. Bajo esa premisa, debemos vigilar el correcto desarrollo de las obras, exigir que se prioricen las necesidades urgentes, tapar los hoyos de la indolencia y la opacidad y dejar de ser, poco a poco, una ciudad de pozos, literal y metafóricamente.