Mientras a nivel federal se discuten las acciones que habrán de marcar el rumbo de la cuarta transformación, en el estado de Puebla aún no se define quién será gobernador. Antes de la primera quincena de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de resolver tres juicios en los que por diversas razones se pide anular la elección. Esto sucede después del recuento de 7 mil 174 paquetes electorales provenientes de la elección de gobernador en 26 distritos y de la paulatina resolución de una cascada de impugnaciones que han derivado en la anulación de la elección de alcaldes en al menos cinco municipios.

La violencia, los actos de intimidación que sufrieron ciudadanos y funcionarios de casilla, la manipulación e inconsistencias en la información, la ruptura de la cadena de custodia de los paquetes electorales y el total desaseo con el que actuaron las autoridades electorales de la entidad el pasado 1º de julio, no pueden ser ignorados por las instituciones encargadas de velar por la democracia. De otra manera se estaría avalando que las elecciones se pueden ganar a fuerza de golpes y balas.

El proceso electoral poblano es, en cierta forma, el reflejo de un sistema político agotado. Marcado por el patrimonialismo y la ausencia de medios y contrapesos robustos, la corta administración del gobernador José Antonio Gali no pudo mejorar ni las cifras en materia de impunidad, ni tampoco la percepción ciudadana sobre los escasos esfuerzos en el combate a la corrupción. Y sin embargo, hace una semana, el Comité de Participación Ciudadana de Puebla se convirtió en el primero del país en articular propuestas concretas para una política estatal anticorrupción. Frente a los tres poderes del estado y en un acto público que convocó a centros académicos, organizaciones empresariales, sociales y medios de comunicación, la presidente saliente, Karen Berlanga, rindió su primer informe.

Tres cuestiones destacan sobre el sistema anticorrupción poblano. Primero, la existencia de un andamiaje con todos los titulares designados y la comprensión del papel al que está llamado a jugar el comité de participación ciudadana. Lejos de salir a la cacería de corruptos o de guiarse por casos mediáticamente atractivos, el CPC poblano dedicó su primer año de gestión a establecer un diálogo franco con instituciones, gobiernos y actores sociales, lo cual permitió obtener un presupuesto y elaborar un programa de trabajo con perspectiva a cinco años. En este se hizo énfasis en los retos institucionales y se privilegió la articulación con diversos sectores de la sociedad poblana.

Segundo, la responsabilidad pública del encargo. A pesar del carácter ciudadano de la llamada "séptima silla", desde su nombramiento hasta ahora, el CPC poblano sesionó de una a dos veces por semana registrando sus acuerdos en minutas públicas y accesibles. La sistematización de aprendizajes ha sido posible gracias a una coalición de CPC’s estatales impulsado en gran parte desde Puebla.

Tercero, el debate público y la articulación de propuestas. La amplia oferta educativa que hay en Puebla y la diversidad de actores sociales y políticos nutrieron las propuestas trabajadas por el CPC poblano. La elaboración de un catálogo de riesgos con enfoque social, las acciones en torno a la primera plataforma digital que registrará información sobre el combate a la corrupción, así como las propuestas de política estatal, constituyen una clara ruta de acción. En una sociedad enojada y dividida por un proceso electoral polarizado, ojalá y el sentido de lo público vaya más allá de las diferencias ideológicas.