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El combate al lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita será en el ámbito público y privado, con intercambio de información tanto del Estado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera

En Coahuila se cerró el paso a delitos como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades con dinero de procedencia ilícita y diferentes actos de corrupción, al firmarse el convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal, Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, firmó dos convenios, uno con el Gobierno Estatal signado por el gobernador Miguel Riquelme, y otro más con la Fiscalía General del Estado, a cargo de Gerardo Márquez.

“Este día asumimos el firme compromiso por garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Fiscalía General”, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís.

Nieto Castillo reconoció, en su intervención en el evento realizado en el Salón Municipalidades de Palacio de Gobierno, que en Coahuila se ha cerrado el paso al lavado de dinero con la eliminación de casinos y otras fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada.

El combate al lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita será en el ámbito público y privado, con intercambio de información tanto del Estado hacia la Unidad de Inteligencia Financiera, como de esta Unidad de la SHCP hacia la Fiscalía General del Estado y la administración estatal, para combatir diferentes delitos derivados de operaciones financieras extrañas.

El convenio incluye el intercambio de información y documentos para cerrar el paso a la delincuencia organizada en su financiamiento, pero también en la vigilancia de actos de corrupción en el ámbito público.

Contra facturas falsas

Otro delito al que se le podrá especial atención es la expedición de facturas falsas, que provocan acciones que van desde que se devuelva indebidamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta lavado de dinero.

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Fiscal de la Federación, con lo que se endurecen las penas para quien emita o venda facturas apócrifas. Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras asciende a más de 750 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente.