La realidad de violencia generalizada, padecida por los mexicanos hasta hace muy poco, estuvo caracterizada no solamente por la descontrolada actividad de los grupos delincuenciales, sino también por otros elementos igualmente preocupantes, a saber:

El uso indiscriminado de la fuerza por parte del ejército y las fuerzas policiales -federales, estatales, municipales- lo cual dio lugar a la violación sistemática de los derechos humanos de miles de personas, algunas de cuyas familias están recibiendo ahora disculpas públicas.

La normalización de las ejecuciones realizadas por quienes en teoría deben garantizar la prevalencia del estado de derecho, bajo el pretexto de “defender” los intereses de la sociedad y de optar por el “mal menor”.

El abandono, por parte de las autoridades, de sus obligaciones constitucionales y legales, a partir del argumento de no contar con las capacidades para imponerse a los grupos criminales, lo cual se tradujo, en diversas regiones del país, en el sometimiento de la sociedad a las reglas de la criminalidad.

La perpetración de múltiples delitos -secuestros, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas- con la participación y/o aquiescencia de las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La instalación de un clima de permanente zozobra entre los miembros de la comunidad, quienes no solamente nos sabíamos indefensos ante los criminales, sino también abandonados a nuestra suerte por parte de quienes deberían protegernos y asegurar la paz colectiva.

La lista anterior no es exhaustiva, ni pretende serlo. Tan sólo se trata de llamar la atención sobre aspectos de la realidad reciente sin los cuales resulta difícil retratar con precisión la gravedad de los sucesos violentos de las últimas semanas en Coahuila.

Y tales aspectos se vuelven aún más importantes cuando el discurso oficial, sostenido abiertamente por la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila -y repetido off the record por múltiples funcionarios estatales y municipales- pretende convencernos de la inexistencia de alternativas ante la violencia desatada por presuntos criminales, pero a la cual contribuyen de forma entusiasta las propias fuerzas de seguridad.

La alarma se disparó el pasado 19 de abril, en Saltillo, con el enfrentamiento entre policías y una presunta célula criminal en la colonia Loma Linda. El saldo fue de nueve presuntos delincuentes muertos. De entonces a la fecha los enfrentamientos se han sucedido prácticamente en todo el territorio estatal.

La estadística, imposible de rebatir, no se ha hecho esperar para clarificar las cosas: el primer cuatrimestre de 2019 ha sido el peor de los últimos cinco años, medido a partir del número de muertes violentas ocurridas en dicho período. Los datos los ha aportado la propia Fiscalía General a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y las cifras no admiten interpretación ni matices: fueron 84 los eventos violentos registrados entre enero y abril de este año en Coahuila, con saldo de 97 personas muertas, contra 72 sucesos y 80 muertos en 2018.

Pero eso no es todo: a la sensación de inseguridad producida por la realidad cotidiana debe sumarse un hecho claramente identificable en la comunicación utilizada por las autoridades estatales responsables de la prevención y persecución de los delitos: cuando resuelven un caso, el hecho es producto, casi siempre, de la casualidad.

Me explico: si uno lee con cuidado los comunicados oficiales,  prácticamente en todos los casos de enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes se alude a “un recorrido de rutina” durante el cual los policías se cruzaron con un vehículo, observaron “algo sospechoso”, le pidieron al conductor detener su marcha y entonces sobrevino el ataque con armas de fuego, por parte de los ocupantes del mismo, lo cual obligó a repeler la agresión.

Si lo afirmado en los comunicados oficiales es cierto, entonces la delincuencia ha vuelto al esquema de abierto desafío a las autoridades y de ello lo único esperable es una escalada de violencia. Y esto se puede afirmar porque se trata de una película vista muchas veces ya.

Por el contrario, si lo dicho oficialmente es falso, entonces las policías de Coahuila han adoptado una política según la cual es preferible ejecutar a quienes se considera criminales, con el propósito de “enviar un mensaje” a la criminalidad y, de paso, evitarse el engorro de llevar ante un juez a los presuntos delincuentes, armar un caso con pulcritud y obtener una sentencia con acuerdo a las reglas del proceso penal.

Ninguna de las dos lecturas anteriores, huelga decirlo, ofrece elementos para sentirnos tranquilos, más seguros, o para confiar en los cuerpos de seguridad como garantes eficaces de nuestros derechos.

Por ello, aunque las autoridades estatales intenten convencernos de lo contrario, resulta muy difícil no concluir lo evidente: en Coahuila el esquema de seguridad pública muestra claros signos de ineficacia y eso nos encaminan de regreso al pasado reciente, cuando la delincuencia se apoderó de nuestras calles y nos robó la tranquilidad.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx