El diagnóstico de la ASE lo que revela es que en los municipios de Coahuila el dinero se gasta como a los gobiernos municipales les viene en gana

El dictamen no podría ser más lapidario: “la totalidad de los dictámenes correspondientes a las entidades auditadas, contienen opiniones desfavorables (adversas), debido a que los estados financieros integrados en la Cuenta Pública 2018 contienen incorrecciones materiales que se encuentran generalizadas”.

La frase se encuentra en el diagnóstico que sobre las cuentas públicas de 21 de los 38 municipios de Coahuila realizó la Auditoría Superior del Estado, entidad que encontró múltiples deficiencias en la documentación correspondiente al año anterior.

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, en los informes de la cuenta pública de estos municipios se registra “falta de documentación para soportar los saldos contables, saldos contrarios a su naturaleza, falta de depuración en conciliaciones bancarias, control de inventarios y registros contables incorrectos”, entre otras deficiencias.

No es novedad, desde luego, encontrarnos con esta realidad en las cuentas públicas de los sujetos auditables de Coahuila y, en general, de México. Lo que resulta sorprendente es que las deficiencias –o las irregularidades– prevalezcan luego de tantos años de invertir toneladas de recursos en mecanismos de control y vigilancia del gasto público.

Porque más allá de que las observaciones de la ASE correspondan efectivamente a la realidad, lo que debe llamarnos la atención es que un diagnóstico a tal grado lapidario, lo que retrata en realidad es el fracaso monumental del sistema de rendición de cuentas.

Y es que, en otras palabras, lo que la Auditoría Superior nos está diciendo es que los ayuntamientos de Coahuila –o por lo menos la inmensa mayoría de ellos– hacen exactamente lo que les viene en gana, informan como quieren y ocultan la información que les place.
Para decirlo aún más claro: el diagnóstico de la ASE lo que revela es que en los municipios de Coahuila el dinero se gasta como a los gobiernos municipales les viene en gana.

La gran pregunta es: ¿por qué sigue pasando eso? La respuesta es la que se ha referido en innumerables ocasiones: porque no pasa nada; porque pese al costosísimo aparato de fiscalización, la impunidad sigue siendo el signo distintivo del quehacer público.

En los últimos años debe agregarse al señalamiento anterior un elemento aún más agraviante para los ciudadanos: la creación de un gigantesco “sistema anticorrupción” cuya eficacia –e incluso la necesidad de su existencia– queda en entredicho frente a una realidad como la retratada por el órgano fiscalizador de Coahuila.

Se ha dicho antes y habrá que repetirlo: si no hemos logrado avanzar ni un ápice en el control del gasto público y la realidad de su ejercicio sigue siendo la discrecionalidad y el capricho de los gobernantes en turno, más valdría que desmontáramos el aparato de fiscalización, pues su costo resulta insultante para los ciudadanos.