El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció ayer la puesta en marcha de una “estrategia de seguridad inteligente” que implica el uso de cámaras, con tecnología de reconocimiento facial, que permitirían “detectar” a las personas que se encuentran a bordo de los automóviles que circulen por las calles de las ciudades coahuilenses.

“A cada persona que pasa, existe un reconocimiento facial; un acercamiento. Sirve para que si alguien comete un delito, entre las bases de datos de Plataforma México, o se puede convenir con el INE, puedas tener de inmediato a la persona que tienes como sospechoso”, explicó el mandatario al anunciar la adquisición de mil 100 cámaras de este tipo.

Los dispositivos se instalarían en todo el territorio estatal, pero prioritariamente serían colocadas en las calles de Saltillo y Torreón, una operación que tomaría entre seis y nueve meses.

A primera vista el anuncio pareciera merecer un buen recibimiento, pues en teoría ayudaría a las autoridades a mejorar su eficacia en la investigación y persecución de los delitos, lo cual debería traducirse en una mejor percepción de la seguridad pública.

Sin embargo, valdría la pena detenerse un momento a reflexionar respecto de las implicaciones más profundas que el uso de dichos dispositivos podría tener en materia de privacidad de las personas.

Un dato ofrecido ayer por el propio mandatario estatal constituye la mejor pista para hacerse las preguntas correctas respecto de este anuncio: tan sólo cuatro ciudades chinas han instalado dichos dispositivos en sus calles y nadie más en el mundo habría tomado una decisión similar.

No puede ser casualidad que sólo en China, un país que pese a su economía de mercado es, en estricto sentido, una dictadura, se haya decidido utilizar esta tecnología que, más allá de sus posibles fines benéficos, puede ser usada para violar los derechos de los ciudadanos.

No sería la primera ocasión en la cual la instalación de “cámaras urbanas” fuera motivo de polémica en Coahuila –específicamente en Saltillo– debido a los intentos de uso faccioso de dichos dispositivos.

Peor aún, suena la posibilidad de que el Gobierno de Coahuila pretenda establecer un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de que las imágenes de los ciudadanos, que obran en poder del Registro Federal de Electores, puedan ser usadas para propósitos de reconocimiento facial.

¿Qué garantías ofrecería la administración estatal de que estas cámaras no serían usadas para espiar enemigos políticos, “ciudadanos incómodos” o críticos, tal como se ha denunciado que ocurrió con otras tecnologías, como el software de espionaje telefónico Pegasus?

De buenas intenciones está pavimentado el camino de infierno, advierte con sabiduría la voz popular. Y este es un caso al cual puede aplicarse de forma milimétrica la advertencia, pues si algo hemos aprendido los ciudadanos en este País es a no confiar en las “buenas intenciones” de quienes tienen a su cargo las instituciones gubernamentales.