Garantizarle a los ciudadanos sus derechos -todos y de forma absoluta- no es solamente un asunto de voluntad política sino también -y en algunos casos, sobre todo- de contar con el presupuesto suficiente para fondear las estrategias necesarias a dicho propósito.

La voluntad es indispensable, desde luego, sobre todo cuando esta se traduce en acciones orientadas a optimizar el uso de recursos, simplificar trámites y erradicar cualquier vicio que impida, directa o indirectamente, que los ciudadanos accedan al ejercicio de sus derechos.

Y cuando ambos elementos -voluntad y presupuesto suficiente- se conjugan de forma virtuosa, sin duda se allana el camino hacia el establecimiento y consolidación de mecanismos institucionales para saldar viejas deudas sociales, como la de garantizar el acceso a la salud a todas las personas.

Para convertir en realidad esta aspiración es necesario tener claro que “gratuito” no significa que no tiene costo, pues de alguna parte debe salir el dinero"

El comentario viene al caso a propósito de la posición que ha adoptado el Gobierno de Coahuila respecto de la adhesión de nuestra entidad al mecanismo de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

“Si la responsabilidades no son claras es difícil en este momento tomar la decisión. Por eso quiero que me pongan todo en blanco y negro para poder tomar la decisión de asistir el día treinta y uno de este mes” (a la reunión donde se firmaría el convenio), dijo el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Las reticencias de Coahuila respecto de este nuevo esquema son puntuales y dan en el blanco cuando señalan el problema: el modelo carece de reglas de operación, no cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar la atención médica y la entrega de medicamentos a toda la población y, sobre todo, no está claro quién es responsable de la operación y los resultados.

En este sentido es necesario recordar que el sistema nacional de salud se encuentra federalizado, es decir, los gobiernos estatales del país son responsables de operar y administrar la infraestructura que se ubica en sus territorios y la Federación les entrega el presupuesto para hacerlo.

Sin embargo, la Federación no entrega a los estados un presupuesto que permita sufragar la cobertura gratuita de servicios de salud a toda la población y por ello lo que ha operado hasta hoy es un mecanismo “subsidiado”, es decir, uno que es financiado en parte por los usuarios.

Nadie puede estar en contra de que el sistema de salud sea universal y absolutamente gratuito. Pero para convertir en realidad esta aspiración es necesario tener claro que “gratuito” no significa que no tiene costo, pues de alguna parte debe salir el dinero para pagar sueldos, edificios, equipo, medicamentos y un larguísimo etcétera sin el cual es imposible ofrecer servicios de salud a nadie.

El Gobierno de la República tiene la voluntad para empujar al sistema en esa dirección y eso está muy bien. El de Coahuila tiene el buen tino de advertir que con voluntad no alcanza y por eso debe discutirse con seriedad el problema presupuestal.

Ambas partes tienen razón en sus posiciones y por ello, hoy que se reúnen personalmente es de esperarse que discutan con serenidad y seriedad el tema para arribar a un acuerdo con el que todos salgamos ganando.