Coahuila: ¿paraíso de la pulcritud gubernamental?

Los indicadores, se ha dicho en todos los tonos, constituyen una de las mejores formas de juzgar la realidad. Y esto es así, porque los indicadores –al menos en teoría– se fundan en datos duros, en realidades objetivas que son verificables y no en deseos o percepciones sesgadas.

Por ello, siempre será mejor emitir opiniones o realizar juicios a partir de las cifras de un indicador, a hacerlo sólo desde la subjetividad de los afectos, las animadversiones, los compromisos, las fobias o, peor aún, desde la complicidad.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a las estadísticas reconocidas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila (Sefir), en relación con la proporción de procedimientos administrativos iniciados el año anterior por la dependencia, que concluyeron en la imposición de sanciones.

De acuerdo con la titular de la Sefir, Teresa Guajardo, durante 2018 se iniciaron unos 250 procedimientos de responsabilidad en contra de servidores públicos de la entidad, de los cuales el 88 por ciento fueron concluidos, llegándose a la conclusión, en el 22 por ciento de los casos, que las conductas denunciadas eran merecedoras de una sanción.

En buen cristiano, de los 250 procedimientos iniciados, sólo en 48 casos se consideró que existían elementos para que la persona denunciada fuera castigada. En el resto, es decir, 202 casos, se ratificó la inocencia de los individuos señalados.

Pero no sólo eso: de acuerdo con la estadística de la dependencia, de las 48 personas sancionadas durante 2018, sólo tres, es decir, el 6.25 por ciento del total, merecieron inhabilitación.

Si uno juzga la realidad a partir de estas cifras, necesariamente debe llegar a la conclusión de que Coahuila debe ser una suerte de “paraíso” de la pulcritud gubernamental, es decir, un lugar en donde la corrupción constituye un fenómeno raro, aislado, infrecuente.

No se trata de poner en duda las estadísticas oficiales. Se trata de llamar la atención respecto de la realidad que estas cuentan, en nuestra entidad, sólo unos cuantos funcionarios públicos incurren en conductas indebidas y la mayoría de quienes excepcionalmente violan la ley lo hacen en un grado apenas punible. Quienes subvierten el orden jurídico de forma grave, al grado de merecer la inhabilitación, son una absoluta rareza.

Los datos duros pues, contradicen severamente la percepción expresada por el común de los ciudadanos en relación con el fenómeno de la corrupción, percepción que nos llevó, en el pasado reciente, a crear un intrincado “sistema” para combatir el fenómeno porque se trataba de un problema acuciante.

Pero si debemos hacer caso a las estadísticas de la Sefir, tal “sistema” es innecesario porque un aparato de tal magnitud es claramente un exceso frente a la dimensión del problema que retrata la estadística oficial, razón por la cual sería recomendable desmantelarlo.

A menos, claro, que la estadística oficial no sea un reflejo puntual de la realidad.