Cuando la opacidad crea vacíos de información, estos tienden –de forma natural– a llenarse con especulaciones. Y en una sociedad como la nuestra, propensa a los excesos y a la corrupción en el sector público, es natural que tales vacíos se llenen con especulaciones relativas a decisiones que benefician indebidamente a quienes las toman.

Un buen ejemplo de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las “presuntas” pensiones que recibirían exintegrantes del Poder Judicial del Estado que han alcanzado el “beneficio” de la jubilación y debido a ello disfrutarían de elevados ingresos en compensación por los “servicios prestados a la sociedad”.

¿Por qué existirían vacíos en este tema que se llenarían con especulaciones? La respuesta es simple: porque el Poder Judicial de Coahuila es uno de los espacios de opacidad que aún quedan en nuestra entidad y ello implica que los beneficios recibidos por sus exintegrantes no son transparentados.

Aparentemente, la entidad que encabeza Miriam Cárdenas Cantú considera que los ciudadanos no tenemos derecho a saber cuánto dinero de nuestros bolsillos se llevan exmagistrados como Gregorio Pérez Mata, Armín Valdez Torres, Marta Aguilar Durón o Antonio Berchelmann Arizpe, quienes figurarían en su nómina de pensionados.

¿Por qué razón las pensiones de estos exintegrantes del Poder Judicial tendrían que formar parte de la información reservada que debe permanecer fuera del alcance del escrutinio público? La respuesta es que no existe razón alguna para ello.

Justamente por eso –además de para evitar las especulaciones– el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila debería proceder, de inmediato, a precisar toda la información relativa a las pensiones que paga a quienes ocuparon un lugar en su máximo órgano colegiado.

¿Cuánto tiempo laboraron? ¿Cuál es el salario que ganaban al momento de jubilarse? ¿Cuál es la remuneración exacta que perciben actualmente? ¿Gozan de algunos beneficios adicionales además de la correspondiente a su pensión?

Una razón adicional para transparentar esta información es la de impedir que casos de trayectorias encomiables queden manchados con la sombra de la sospecha de que se ha cometido un acto ilegal con el otorgamiento de pensiones, tal como ocurre en el caso del exgoberador Humberto Moreira, a quien se le otorgó un beneficio que difícilmente podría demostrarse merece.

Más allá de ello, quienes integran el Poder Judicial de Coahuila –así como todas las dependencias públicas del País– deben tener claro que la sociedad está más que cansada de enterarse, un día sí y al otro también, de los excesos cometidos a su costa por quienes deberían estar a nuestro servicio.

Por otra parte, transparentar las decisiones adoptadas en este caso evitaría que se cometieran nuevos abusos, pues entrados en la especulación es dable pensar que la opacidad que rodea al tema bien puede deberse al hecho de que los actuales integrantes del Poder Judicial estarían intentado ser ellos mismos beneficiarios de la medida.