El Gobierno debe perfeccionar las políticas a partir de las cuales garantiza el derecho a la libertad de expresión

De acuerdo con la organización civil Artículo 19, Coahuila ha registrado –en el primer semestre de este año– un incremento superior al 300 por ciento en el número de denuncias de agresiones cometidas en contra de comunicadores, con respecto al mismo periodo del año pasado. 

La organización, dedicada a la defensa del derecho a la libertad de expresión, detalla en su informe de la primera mitad del año que la cobertura del denominado “gasolinazo”, así como del proceso electoral registrado en diversas entidades del País, habrían sido los factores que influyeron en el incremento de agresiones en la entidad.

Por otra parte, Artículo 19 ha dicho que, en términos de agresiones, Coahuila solamente ha sido superada en el primer semestre del año por Veracruz y la Ciudad de México, con lo cual nuestro Estado se ha colocado en el nada honroso tercer lugar de este ranking.

Llama la atención en el reporte de la organización que, en el caso de los reporteros agredidos con motivo de las protestas provocadas por el “gasolinazo”, el municipio de Monclova sea el segundo en la lista por número de incidentes, mientras que, de los comunicadores que denunciaron haber sido víctimas de alguna agresión con motivo de la jornada electoral del pasado 4 de junio, casi la mitad fueran de Coahuila.

Con independencia de los argumentos que las autoridades municipales y estatales puedan esgrimir para afirmar que protegen la actividad periodística, el señalamiento que acompaña a la estadística de Artículo 19 es claro: algo no se está haciendo bien para cumplir a cabalidad con tal obligación.

En este sentido, los tres órdenes de Gobierno deben revisar con detalle los hechos detrás de cada denuncia y disponerse a modificar y/o perfeccionar las políticas a partir de las cuales hacen o dejan de hacer cosas para garantizar el derecho a la libertad de expresión.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que México ya se encuentra catalogado a nivel global como un lugar donde el ejercicio del periodismo constituye una actividad de alto riesgo, pues en nuestro territorio ocurren más muertes de periodistas que en países donde se registran conflictos armados.

Y en materia de agresión a comunicadores, el principio de la violencia se ubica justamente en el hecho de que los funcionarios públicos –todos– identifiquen a estos como sus “adversarios” o como entes “hostiles” a quienes no solamente no están obligados a proteger, sino que incluso pueden agredir en determinados casos.

No puede, pues, soslayarse el dato que reporta Artículo 19 respecto de los hechos de violencia denunciados por comunicadores en la entidad, sino que debe tenerse en cuenta esta estadística para averiguar qué está pasando en términos de la relación entre periodistas y funcionarios.

Lo anterior es particularmente cierto cuando, de acuerdo con el mismo organismo, la mayor parte de las agresiones a periodistas habrían sido cometidas por funcionarios públicos y representantes de partidos políticos.