Coahuila, séptimo en impunidad
El nuevo reporte del Índice de Paz en México 2017 (IPM), destaca que Coahuila sólo avanzó 2 lugares en los índices de impunidad, a comparación del estudio del año pasado donde ocupaba el quinto sitio.
Con cifras generadas por el Índice Global de Impunidad, realizado por la Universidad de las Américas Puebla, que toma en cuenta comportamiento entre las denuncias y los delitos castigados después de una sentencia en 2016, el IPM ubicó al Estado en el lugar número 7 del ranking de impunidad.
El estudio indica que Coahuila es uno de los estados de la República que se encuentran por encima del promedio nacional y calificó con 73 puntos de los 100; y sólo está 4 puntos debajo del Estado con mayor impunidad, según el estudio: Quintana Roo.
Además, el Índice Global de Impunidad (IGI) por el cuál se apoya el Índice de Paz en México, destaca que debido la tasa baja de policías investigadores, magistrados, jueces y procuradores de justicia, en México sólo se logra castigar al 91 por ciento de los crímenes que han sido cometido.
El Estado sólo está ubicado en los niveles de impunidad por debajo de Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas y Guerrero, permaneciendo con por lo menos tres de esas entidades en el ranking que realizó el mismo estudio el año pasado, pero basado específicamente en las cifras de homicidio doloso, donde Coahuila ocupó el lugar quinto en impunidad directa.
En ese aspecto, el IPM destaca que “el reto de resolver la impunidad en México es de dos tipos. En primer lugar, hay señales de que el sistema de justicia no tiene los recursos humanos y las capacidades necesarias para afrontar los problemas de impunidad.
En segundo lugar, los policías, los miembros de las fuerzas armadas y otros funcionarios del Gobierno requieren formación, profesionalización y administración adecuadas para cumplir con el Estado de Derecho. Además, cuando los policías u otros funcionarios gubernamentales intervienen en la facilitación o perpetración de actos violentos, se requieren mecanismos legales y transparentes para hacerlos responsables”.
