Coahuila: su patrimonio bibliográfico y la Ley de depósito legal
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Se ha comentado hasta el cansancio -en nuestro entorno local y estatal- sobre las peripecias, o de plano la imposibilidad, para encontrar la mayoría de las ediciones producidas por las instituciones de cultura. Tirajes fantasmales, títulos ocultos, falta de coordinación interinstitucional: vamos, a veces ni las mismas dependencias de una misma instancia conocen cabalmente de su propia producción ¿Cómo podría resolverse este grave pendiente?
El destino de los libros
Desde la desaparición de la librería Artemio de Valle Arizpe -situada en lo que fueron las céntricas instalaciones de la SEC-, que durante varias administraciones se preocupó siempre por ofrecer la producción regional de los autores de todos los géneros; así como aquel maravilloso proyecto de Acequia Madre, que en los bajos del García Carrillo era la librería más completa en cuanto a autores coahuilenses se refiere- es prácticamente imposible conseguir las más recientes publicaciones de la literatura (además de las publicaciones académicas o de investigación) escrita en nuestra región. Hay que pedirla a los autores directamente, aunque a veces ni ellos reciban sus ejemplares correspondientes. Así, los libros circulan, como un regalo o cortesía, de manera caótica y accidental. Como autor, más de una vez he buscado donar mis títulos a alguna biblioteca local, y ¿qué se me ha pedido? Que lleve un oficio en dos copias. Otra: la más reciente antología sobre periodismo cultural a la que fui invitado a participar, tuve que ir personalmente hasta la oficina de sus editores para recoger un ejemplar.
Una Ley de depósito legal sería la solución a todos y cada uno de estos males. Pero ¿En qué consiste ésta? En diversos países, y desde hace siglos, el Depósito Legal es una normativa que establece como carácter obligatorio que, de la producción de todas imprentas, institucionales y privadas, se envíen por lo menos cinco ejemplares al momento de su publicación, principalmente a sus Bibliotecas Nacionales, con el fin de generar un acervo, nutrido y articulado, incluso hasta de las publicaciones periódicas.
El destino de los libros
Personas más versadas en el detalle de estos procesos me informan que este papel en nuestro país lo cumple, al menos en la normativa escrita, el Congreso de la Unión, pero son tantas las omisiones, dobles funciones y lagunas en los detalles de estas leyes, que incluso diversos acervos nacionales o de la UNAM no son susceptibles siquiera de consulta, debido a que no termina de quedar claro a qué instancia en realidad pertenecen.
En Coahuila, este papel lo cumplía -de manera informal, y hasta hace unas décadas- la biblioteca Múzquiz Blanco; sin embargo, no existe una ley de depósito legal que ampare la construcción de este acervo y garantice la permanencia, control y catalogación de la producción editorial, tanto privada como institucional: los libros se evaporan en el olvido.
Lo triste, lo increíble, es que no hace muchos años esta ley estuvo a punto de cristalizarse, y debido a diversos enredos burocráticos, quedó a nada de ser aprobada.
La historia la cuento a continuación:
Fue a finales de 2010, cuando el bibliotecario del CECUVAR, Víctor Moncada Maya, retomando una antigua inquietud implícita a su quehacer con los libros, conjuntó de manera personal y posteriormente en un grupo de trabajo, una “Propuesta de Ley que establece el Depósito Legal y la Creación del Fondo para la Preservación del Patrimonio Bibliográfico y Editorial del Estado de Coahuila de Zaragoza”.
Topar con pared
Luego de meses de gestiones, citas, revisiones, recordatorios, acuerdos, y más citas con diputados y “asesores” que en aquel tiempo trabajaban la Ley de Cultura -aprobada por las mismas fechas- cuando se había asegurado el genuino interés del ejecutivo por consolidar esta importante normativa -y aquí viene lo increíble- cuando ya estaba hecho todo el trabajo; y faltaba sólo que se incluyera y votara -de manera misteriosa, absurda y extraña- dicha propuesta desapareció en los ires y venires del papeleo de diputados encargados de esta comisión, entre quienes se encontraba la panista Esther Quintana. Al final, despojada de toda su esencia y como una parte subordinada y muy menor de la tan cacareada Ley de Cultura, la iniciativa fue “absorbida” y prácticamente desaparecida en su intención y alcances originales. Así, el genuino interés y trabajo de años topó con algo tan duro y vulgar, pero a la vez tan monolítico, como pueden ser en nuestro estado la mezquindad de subalternos y asesores, o la ignorancia supina de quienes se supone que encabezaban estas comisiones, dizque defendiendo nuestro “derecho a la cultura”.
Ahí acabó la historia de Ley de Depósito Legal.
Desde hace años ha sonado por ahí la idea de un Instituto del Libro, y más, muchos y muchas, en la farándula de la cultura, se promueven como “amantes”, “devoradores”, “impulsores” de los libros (Incluso se atreven a declararlo en sus fichas bibliográficas).
La ley ya está hecha. Urge.
El patrimonio bibliográfico coahuilense está cayendo hacia la inopia, la destrucción y el vacío. ¿Quién sí concretará esta urgentísima ley, en auténtica defensa de los libros?
¿Quién sí retomará la estafeta de este urgentísimo asunto pendiente?
alejandroperezcervantes@hotmail.com
Twitter: @perezcervantes7
