Combatir corrupción: ¿a quién le corre prisa?
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La ausencia de una normatividad federal específica ofrece una excusa para no avanzar en la materia, aunque hay entidades que ya lo tienen
En el lenguaje de la burocracia gubernamental mexicana suelen clasificarse en dos apartados básicos los asuntos de la agenda pública: los temas urgentes y los importantes. Y, por regla general, lo urgente suele imponerse, en términos de atención y recursos destinados, a lo importante.
El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición relativo al señalamiento del auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, en el sentido de que la creación del
“Sistema Estatal Anticorrupción” podría tardar hasta dos años más.
La explicación ofrecida por el responsable del principal mecanismo de rendición de cuentas en la entidad no carece de lógica, pues la ausencia de una normatividad federal específica ofrece la excusa perfecta para no avanzar en esta materia, aunque existan ejemplos de entidades que ya cuentan con un sistema para combatir la corrupción.
Pero al mismo tiempo que la explicación es lógica, retrata de cuerpo entero las vocaciones de la clase política coahuilense: contar con un mecanismo legal para combatir de forma integral y eficaz la corrupción es un asunto importante de la agenda pública… pero a nadie -al menos a nadie en la estructura gubernamental local- le resulta urgente legislar en la materia.
Ejemplos de cómo puede legislarse a gran velocidad -cuando el tema es relevante para los intereses de la clase política- abundan: las reformas realizadas al sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación, es tan sólo el más reciente de ellos.
Ejemplos de cómo a nuestros legisladores puede parecerles absolutamente irrelevante la opinión de los ciudadanos para enmendar o confeccionar una ley también hay muchos.
En el caso de la legislación anticorrupción; sin embargo, pareciera que los miembros de nuestra clase política consideran “absolutamente indispensable” consultar a la ciudadanía, organizar “mesas de trabajo” y “foros de análisis” antes de plantearse la posibilidad siquiera de que exista una iniciativa para ponerle coto a los excesos cometidos desde las oficinas públicas.
Por otra parte, parece que también consideran de la mayor relevancia el “armonizar” la legislación estatal con la federal y por ello están dispuestos a esperar tanto como sea necesario hasta que el Congreso de la Unión establezca las bases generales para emitir la normatividad en el tema.
Estamos hablando, sin duda, de condiciones deseables frente cualquier reforma legislativa: consultar a los ciudadanos y organizar foros de expertos siempre le vendrá bien a cualquier proyecto legislativo.
Y si nuestros legisladores siempre siguieran este camino para aprobar una ley, habría que aplaudirles el sostenimiento de sus métodos. Pero como no es así, la posición sólo puede generar críticas, pues claramente se trata de una actitud provocada por el hecho de que no hay convicción en torno a la necesidad de combatir eficazmente uno de los peores vicios del sector público.
¿Por qué ocurre esto? Sólo se antojan dos explicaciones posibles: o son beneficiarios o cómplices de la corrupción.