Comienza la tercera semana de confinamiento, ¿ha iniciado el estado de excepción en Coahuila?

Hoy se cumplen dos semanas desde que el Consejo de Salubridad General ordenó suspender todas las actividades no esenciales en el país, a fin de que el mayor número posible de personas se mantengan en sus casas con el ropósito de reducir la velocidad de propagación de la pandemia de COVID-19.

Las autoridades federales han insistido, en forma reiterada, que aún cuando el confinamiento es una “orden”, no se implementarán medidas de fuerza para hacerla cumplir, lo cual, para todo efecto práctico, deja al señalamiento de “quédate en casa” en una invitación que puede o no atenderse.

Algunas autoridades estatales y municipales, sin embargo, han señalado que podrían recurrir al uso de la fuerza para obligar al confinamiento de las personas y en algunas ciudades -Monclova es una de ellas- se han instalado filtros policiales que restringen la movilidad.

Este domingo circuló en redes sociales un video según el cual, un conductor que pretendía ingresar al territorio de Coahuila habría sido impedido para hacerlo, en algún punto de la carretera que une a nuestra entidad con Nuevo León, por un policía que asegura tener órdenes en ese sentido.

Muchos podrán estar de acuerdo en que “con tal de proteger a la población” es no solo posible, sino incluso deseable, instrumentar este tipo de medidas. Sin embargo, es necesario señalar que impedir a una persona transitar por las carreteras, solamente porque proviene de un lugar que presuntamente “está infectado”, constituye una restricción a sus derechos individuales.

La medida implementada en la frontera entre Coahuila y Nuevo león derivaría de un acuerdo establecido entre los gobernadores de estas dos entidades, y el de Tamaulipas, el pasado viernes, y que pretendería reducir en la mayor medida posible el tránsito de personas entre los tres estados.

La intención sería que, si una persona no tiene “una causa justificada” para cruzar la frontera entre las mismas, entonces no se le permita hacerlo y se le obligue a desandar el camino.

La gran pregunta es, ¿quién decide -y con qué criterio- lo que es una causa justificada? Imposible hacer una lista exhaustiva de las “actividades permitidas” que, por exclusión, llevarían a impedirle el paso a una persona que desea cruzar la frontera estatal y no señale una de ellas.

El asunto empeora si la decisión de lo que es una “causa justificada” queda en manos de un policía o un militar, individuos cuya vocación no es precisamente el respeto de los derechos de las personas, sino su vulneración.

Cabría esperar que, al inicio de la tercera semana de este confinamiento forzado, las autoridades de todos los órdenes se pongan de acuerdo y clarifiquen si se ha decidido recurrir al uso de la fuerza para impedir la movilidad de las personas y cuál es la base legal para ello.

No se trata de promover el que las personas deambulen libremente si no se ven forzadas a hacerlo, desde luego. De lo que se trata es de poner el énfasis en que restringir el derecho de libre tránsito es una decisión grave que no puede tomarse a la ligera y, mucho menos, implementarse a partir del criterio de las fuerzas policiales.