En el transcurso de esta mañana, los siete aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC), serán entrevistados por los diputados del Congreso local. Terminadas las entrevistas, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia sacará una terna que propondrá al Pleno del Congreso para su aprobación o rechazo.

La calidad de los contendientes está fuera de prueba. Pero no todos tienen la capacidad de asumir con éxito, los retos descritos en la primera parte de esta entrega. Juzgue usted.

Los siete pueden dividirse en cuatro categorías: están los funcionarios públicos que trabajan o laboraron en la CEDHC. El primero es Erasmo Ramos, ingeniero y abogado, quien posee una larga participación, por su baja visión, con grupos que padecen de discapacidad visual. De 2016 a la fecha, trabaja en la CEDHC.

El segundo es David Sifuentes, abogado que laboró en la CEDHC de 2001 a 2015 como Primer, Segundo y Tercer Visitador Regional. Finalmente, está Miguel Hernández, también abogado, quién fue director general, Visitador y coordinador de la CEDHC.

Le sigue la simpatizante de un partido político (Morena) que disfraza su candidatura de ciudadana: Isabel Peña es la candidata de Morena y del Sindicato Nacional de Mineros, de Napoleón Gómez; aunque ella insista tener una raigambre ciudadana. Peña compitió bajo Morena por la Diputación local del Distrito XV, en las pasadas elecciones.

Gabriela Noguez representa un perfil diferente: es una profesional en el tema de Derechos Humanos con maestría y varias especialidades. Es directora general de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en la cual, ha focalizado su trabajo en migrantes, familiares de desaparecidos y violencia de género. Ella ha sido clave para que hoy la Secretaría de Gobernación de la 4T reconozca a Coahuila como modelo a seguir para la atención a víctimas.

En la última categoría están Jessica Esquivel y Hugo Morales. Ambos son doctores en derecho, docentes e investigadores en Derechos Humanos. Cuentan con experiencia como funcionarios públicos: ella, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial y en la Suprema Corte de Justicia. Además, ella es coordinadora general en la Academia IDH considerado como el centro de investigación de mayor relevancia en el estado por su referencia nacional e internacional. Él, por su parte, fue Delegado en la Fiscalía General del Estado. También fue presidente de la Cruz Roja en Torreón; es integrante del Grupo Empresarial de La Laguna y consejero de la Canaco, además de avalar su candidatura con el apoyo más representativo de colectivos de familias de desaparecidos en la Laguna, red de mujeres contra la violencia de género y asociaciones que luchan por la diversidad sexual en el Estado.

¿Podrían los funcionarios públicos de la CEDHC o la activista política enfrentar la crisis actual de los Derechos Humanos en el país y, a la vez, apuntalar la política de Estado en Derechos Humanos impulsada por el gobierno estatal actual? Lo dudo.

La alternativa está en la mujer profesional en Derechos Humanos y los investigadores académicos en el mismo tema. No hay más.

Ojalá, los diputados locales no se equivoquen.

@canekvin