La seguridad es uno de los puntos más sensibles en cualquier sociedad, y en Coahuila no puede ser la excepción.

Durante las últimas campañas electorales en la entidad, una parte de la línea discursiva de los participantes fue cómo combatir al crimen.

En los años más recientes, en el Estado se ha sentido una bocanada de oxígeno en esta materia. Atrás quedaron los hechos estridentes de violencia producto del crimen organizado.

Las masacres en bares, los “toques de queda” de facto que en algunas noches se llegaron a aplicar en ciertas zonas de la entidad.

La delincuencia organizada marcó un parteaguas en este rubro.

Los resultados entregados en los último cinco, incluso seis años, dejan patente que la descomposición social que se alcanzó era profunda.

Sin embargo, la delincuencia –muy posiblemente no con el poder de antaño— sigue allí.

El comentario viene a cuento ante el reporte periodístico que presentamos en esta edición sobre los índices delincuenciales que se han alcanzado en Coahuila durante 2017.

Según las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nunca antes se habían contabilizado tantos hechos ilícitos como en estos 11 meses del año que aún está en curso.

Se han dado pasos muy solventes en seguridad pública, pero las cifras delictivas denotan que los esfuerzos no han sido suficientes"

Es cierto, gran parte de esos delitos es del fuero común, y no con la estridencia de antaño, pero estos hechos siguen golpeando —aunque no en la misma medida— a la sociedad.

Esta situación en materia de seguridad no puede ser vista como una responsabilidad de una autoridad en específico.

Las cifras debieran ser analizadas con detalle por todos —incluyendo la clase política y la sociedad— para ubicar en dónde la estrategia no se está cumpliendo como debiera, por lo que hay que reforzarla.

En esta labor, los distintos niveles de la administración pública tienen responsabilidad, dadas las tareas que por ley tienen asignadas.

Es cierto que se han dado pasos muy solventes en materia de seguridad pública, pero las cifras delictivas recién publicadas denotan que los esfuerzos han sido plausibles, pero no suficientes.

Las autoridades que están tomando el timón, y las que en días porvenir asumen su cargo, deberán sentarse a pensar qué ha faltado, para luego ejecutarlo.

Es uno de los primeros dilemas que deberán resolver con su asunción a los distintos puestos de representación popular.