¿Cómo lograr fiscalías que sirvan?

El 22 de agosto se entregó una propuesta de dictamen ciudadano con el propósito de orientar el debate la próxima votación respecto al nuevo diseño de la Fiscalía General de la República.

En dicho dictamen se destaca la urgencia de garantizar independencia política, se disminuye la duración del cargo de nueve a seis años improrrogables, y se incorporan figuras de fiscales provisionales, sustitutos o suplentes. Se elimina el pase automático, se propone un fiscal hasta el año 2022 y de ahí ciclos de seis años. 

Respecto al procedimiento de selección, se reduce la lista de candidatos que el Senado debe enviar al ejecutivo de cero a seis. Se propone la postulación de candidatos mediante concurso público, con criterios claros de selección que consideren la trayectoria profesional y de servicio público y aspectos básicos como la honorabilidad, independencia y compromiso con los valores democráticos.

Se propone una comisión de designación de carácter honorario, formada por nueve ciudadanos de reconocido prestigio académico. (Una auténtica, no como la recién nombrada en Coahuila).

Se respeta el proceso actual de terna, sólo se indica que la comparecencia de los candidatos deberá ser en audiencia pública.

Se propone la intervención de la Suprema Corte de Justicia en caso de que el Senado exceda el plazo de 60 días para integrar la lista de candidatos.

Respecto al proceso de remoción, se propone otorgar facultad al Senado para que dos terceras partes de este órgano, o bien el Ejecutivo, puedan presentar una iniciativa de remoción. Y realizar el debido proceso y audiencias públicas 

Se crea un órgano de Consejo del Ministerio Público de la federación, quien podrá dar opinión durante la remoción y tendrá facultades consultivas en materia de evaluación, normatividad, presupuesto, recursos humanos, definiciones competenciales y mecanismos de participación ciudadana. Integrado por 6 consejeros de tiempo completo con los mismos requisitos de elección que los fiscales especializados. 

Se considera, además, en caso de responsabilidad penal o falta administrativa grave, el proceso de destitución y se permite la renuncia por causas previstas en la Ley. El dictamen incluye la solicitud de que se establezcan medios de impugnación ante las designaciones, a los que pueda acceder cualquier ciudadano. 
Se destaca la importancia de fiscalías especializadas como la de delitos electorales o delitos de corrupción, y se adiciona la necesidad de una fiscalía en materia de derechos humanos y de una más de asuntos internos, estos nombramientos deberán ser otorgados por el Senado con la participación de la Comisión de Selección y tener una duración de 5 años, improrrogables. Ser removidos por el Senado con las causas previstas en la Ley y no por el Fiscal General, y les impide postularse a otras fiscalías por dos años después de terminar su labor. 

Se propone un órgano interno de control autónomo, electo por la Cámara de diputados, para la investigación, persecución y sanción de responsabilidades administrativas, evitando duplicidad de órganos.

Se incluye la necesidad de comparecencias individuales de los fiscales ante las cámaras, con la participación de la sociedad civil para lograr la rendición de cuentas. Y la presentación de informes anuales. 

En la antesala de una designación del próximo Fiscal en Coahuila es indispensable considerar desde ya la inclusión de estas solicitudes ciudadanas, no podemos quedarnos atrás, las procuradurías sufren una crisis de legitimidad derivada de la incompetencia para la persecución penal y la falta de capacidad para perseguir casos graves como los de políticos corruptos o miles de personas desaparecidas; este es el espacio para demostrar la voluntad de transformar. 

@alewade
Alejandra Wade Villanueva 
Directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C. 
@CCICOAH

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