Estamos ante una manifestación inédita en la vida pública del País, cuyas repercusiones materiales tendrán reverberaciones más allá del lunes 9 de marzo

No cabe duda que, a estas alturas, la convocatoria al paro nacional femenil del próximo 9 de marzo ha superado cualquier expectativa que se hubieran fijado sus convocantes originales y apunta para ser el evento más importante –e impactante– de este año.

Y decimos impactante porque, a juzgar por la cantidad de organizaciones y empresas que han sumado su respaldo a la iniciativa, la suspensión de labores y, sobre todo, la inhibición voluntaria de realizar transacciones económicas tendrá un impacto directo en la economía nacional.

El grito más potente que las mujeres podrían haber lanzado, en protesta por la falta de atención eficaz al problema estructural de violencia que padecen, es sin duda el de hacer notar su peso en la actividad económica del País y obligar a todas las autoridades a voltear a ver una realidad que ha sido indebidamente minimizada, soslayada e incluso negada.

Conviene aquí puntualizar que el objetivo más relevante de la convocatoria es el de impactar la economía, como forma de obligar a generar respuestas eficaces al fenómeno de la violencia cuyo rostro más desagradable está constituido por la ola de feminicidios.

Y conviene puntualizarlo porque claramente hay actores de la vida pública que no han comprendido el sentido de la convocatoria y esto se traduce en respuestas dicotómicas frente a ésta.

En un extremo se encuentran casos como el de la empresa Volkswagen, que ayer anunció la suspensión de labores en sus plantas ubicadas en Puebla y Guanajuato pues, tras dar a conocer que sus empleadas podrán no asistir a sus labores el próximo lunes, sin que ello tenga repercusión alguna en sus ingresos, aseguró que “sin ellas no podemos operar”.

En el otro se encuentran casos como el del diputado local y dirigente de la CTM, Jesús Berino Granados, quien ayer “exhortó” a las mujeres trabajadoras de la Región Sureste de Coahuila a que sus reclamos por una vida libre de violencia se registren “sin afectar la producción y la economía de la entidad”.

Claramente el legislador priista no ha comprendido que se trata de una medida extrema que busca justamente generar un impacto en la economía nacional que ayude a dimensionar el peso de la población femenina en la generación de la riqueza colectiva.

Y como no lo ha entendido, considera que existe un “conflicto” entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener en marcha la producción regional, conflicto que debe ser resuelto a favor de lo segundo.

Estamos, sin duda, ante una manifestación inédita en la vida pública del País, cuyas repercusiones materiales tendrán reverberaciones más allá del lunes 9 de marzo.

Cabría esperar, sin embargo, que más allá de las repercusiones económicas el mayor impacto del evento sea en las conciencias de todos y que eso se traduzca en el diseño e implementación –a la brevedad posible– de medidas eficaces que garanticen en serio una vida libre de violencia para todos.