Desde el momento mismo en que el gobierno mexicano aceptó las imposiciones de Donald Trump en materia migratoria se dijo que el resultado de ello sería el arribo de una ola migratoria al País. ¿Por qué? Porque parte de las condiciones para alejar el “fantasma” de los aranceles fue aceptar que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen en México la respuesta formal a su petición.

¿Cuántas personas llegarían al territorio nacional a partir de tal circunstancia? Se ha especulado con varias cifras, pero los especialistas coinciden en señalar que el número debe plantearse en términos de cientos de miles.

¿Estamos preparados para un fenómeno de este tipo? La respuesta sencilla es no, porque nunca nos hemos hecho cargo siquiera del hecho de ser un país de tránsito para los miles de extranjeros que usan el territorio nacional como trampolín para conquistar el “sueño americano”. Mucho menos nos hemos preparado entonces para ser un país de “estancia formal” de inmigrantes.

Pero en eso nos convertirán, de forma instantánea, los designios de Washington cuando comiencen a arribar los peticionarios de asilo a quienes hemos aceptado “voluntariamente” hospedar. La primera oleada, de unas 50 mil personas, está próxima a llegar.

 

Los designios de Washington convertirán a México en un país de ‘estancia formal’, cuando comiencen a arribar los peticionarios de asilo a quienes hemos aceptado hospedar ‘voluntariamente'"

La confirmación la hicieron ayer, en tierras coahuilenses, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su subalterno, Alejandro Encinas, quienes prometieron que habrá “un apoyo directo” del Gobierno de la República para las entidades fronterizas a donde arribarán los migrantes.

¿De cuánto será dicho apoyo? Ni siquiera existe un cálculo, según reconocieron los propios funcionarios. Y no puede haberlo porque lo cierto es que no tenemos idea de lo que cuesta mantener decenas de miles de personas garantizándoles condiciones dignas de vida.

Una de las peores aristas de esta realidad es que el Gobierno –que se metió sólo y voluntariamente en este problema– es el que menos sabe al respecto. Las organizaciones civiles que se han dedicado por años a brindar solidaridad a los migrantes –nacionales y extranjeros– son quizás las únicas capacitadas para hacer un cálculo en este sentido.

Pero el Gobierno de la República ha dejado claro, en repetidas ocasiones, que “no confía” en las organizaciones de la sociedad civil, que las considera agentes de las fuerzas conservadoras que sólo han contribuido a la consolidación del fenómeno de la corrupción en el País.

¿Cómo se va a hacer frente al problema que significa la llegada repentina de miles y miles de personas a quienes nos hemos obligado a ofrecer vivienda, alimentación, educación, salud, seguridad y empleo? Nadie, al menos no en el Gobierno de la República, parece tener una respuesta.

Por lo pronto, las ciudades fronterizas –y los gobiernos estatales– tendrán que prepararse para afrontar la contingencia, porque lo único cierto es que la ola de inmigrantes se encuentra a la vuelta de la esquina y que nos hemos comprometido a garantizar su estancia aquí por el tiempo que sea necesario.