Uno de los productos indeseables –pero muy real– de la vida moderna lo constituye la generación de residuos peligrosos, cuyo manejo inadecuado se convierte en una amenaza para la sustentabilidad de nuestra especie. Por ello se requiere del establecimiento de instalaciones adecuadas en donde puedan ser manejados, neutralizados y confinados de forma adecuada.

La solución de fondo, la definitiva, es dejar de generarlos, desde luego. Pero eso implica que renunciemos a los beneficios de eso que llamamos “modernidad”. Y como no estamos dispuestos a hacer tal, entonces la solución es hacernos cargo de la basura tóxica que produce nuestro estilo de vida.

Pero al mismo tiempo que estos residuos constituyen un producto no deseado, también representan una oportunidad de negocio que resulta sumamente lucrativa para quienes deciden invertir en ella.

En este punto, el del lucro que puede obtenerse por ofrecer el servicio de hacerse cargo de la basura peligrosa, es donde se ubica uno de los principales problemas que enfrentamos a la hora de hacernos cargo de la realidad pues, tanto las autoridades responsables como quienes hacen negocio con los desechos, privilegian las ganancias por encima de otros aspectos que deberían tenerse en cuenta, entre ellos la transparencia.

Se trata de una película que hemos visto ya demasiadas veces: quienes pretenden instalar una planta de procesamiento de residuos realizan los trámites respectivos y comienzan las obras en sigilo, ocultando el objetivo real de sus actividades, probablemente a partir de la idea de que, para cuando la gente se dé cuenta, no tendrán más remedio que aceptarlo.

Puede ocurrir que el proyecto cumpla con todos los requisitos del caso, que se hayan realizado los estudios adecuados y que los dictámenes señalen –con apego a la verdad– que las instalaciones no representarán ningún riesgo para el medio ambiente o las personas.

El problema es que la forma inicial de actuar dinamita cualquier posibilidad de que las personas, directamente relacionadas con el proyecto, puedan confiar en que se les está diciendo la verdad.

La historia se repite al milímetro en el caso de la estación de transferencia que construye actualmente la empresa operadora del Cimari, que se ubica en el municipio de Ramos Arizpe: los pobladores de la comunidad Mesón del Norte se quejan de que el complejo se ubica a medio kilómetro del pozo que les abastece de agua para consumo humano y animal, y no confían en los datos que se les han proporcionado respecto de la seguridad del mismo.

¿Podrán ser convencidos de lo contrario? Difícilmente. Lo más probable es que el tema reciba una creciente atención mediática y que los grupos defensores del medio ambiente y los derechos humanos se aglutinen alrededor de los campesinos que han alzado la voz.

Así, un proyecto que no solamente es necesario sino que eventualmente podría estarse realizando con apego a las normas, correrá el riesgo de naufragar por empeñarse en la fórmula de intentar “sorprender” a una comunidad a la que probablemente se consideró “fácil de manipular”.

Mientras tanto, los residuos seguirán produciéndose y almacenándose en forma inadecuada, es decir, generando un riesgo para todos.