Congelan cuentas de Romero Deschamps por investigaciones
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Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la FGR tiene investigaciones en contra de Carlos Romero Deschamps
Desde este lunes 14, las cuentas bancarias del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, fueron congeladas debido a las investigaciones que se siguen en su contra.
De acuerdo con Reforma, el pasado viernes 11 de octubre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió un requerimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, sobre las cuentas bancarias de Romero Deschamps, su esposa y sus hijos.
De acuerdo con la UIF, todos se encuentran en calidad de investigados en una pesquisa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por cerca de 74 millones de pesos.
Fuentes citadas por el diario indican que el también ex senador dejará la dirigencia sindical petrolera en la próximas horas de este miércoles en medio de las investigaciones en su contra, las cuales fueron confirmadas ayer martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía y, recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso. Hay denuncias en la Fiscalía General y si el toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos está en su derecho”, dijo el mandatario.
Oficialmente, la UIF no ha confirmado el congelamiento de las cuentas; sin embargo, asesores jurídicos de Romero Deschamps señalaron a Reforma que las cuentas del dirigente, las de su esposa Blanca Rosa Durán y de sus hijos, Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, fueron congeladas desde el pasado lunes.
Romero Deschamps, indica Reforma, suma nueve denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), algunas ante la UIF y una de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las denuncias de la UIF es por presunto lavado de dinero de Romero Deschamps y familiares por cerca de 74 millones de pesos.
En el caso de la querella de la SFP, se trata de un presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos, a través de operaciones en tarjetas bancarias y dinero en efectivo, entre el 2012 y 2018.
