Congreso del Estado: el problema no es gastar
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El Poder Legislativo reportó haber gastado 684 mil 953 pesos en viáticos en 2018, la cifra podría ser tres, cinco o diez veces superior y nadie se quejaría si estuviera a la vista el beneficio que tal gasto reportó a la comunidad
Se ha dicho en todos los tonos posibles, pero habrá que seguir repitiéndolo cuanto sea necesario: los ciudadanos no estamos en contra de que la actividad gubernamental tenga un costo, sino de que éste no se traduzca en beneficios colectivos tangibles.
En otras palabras, el problema no es que nuestros servidores públicos gasten el presupuesto que tienen asignado para la realización de sus funciones, ni tampoco que ese gasto sea elevado. El problema es que en el ejercicio presupuestal se perciba la existencia de excesos.
El comentario viene al caso a propósito de las declaraciones del líder del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, en reacción a la publicación realizada por VANGUARDIA en el sentido de que los gastos en viáticos, ejercidos por quienes integran la Legislatura estatal, crecieron al doble el año pasado con respecto a 2017.
“Por supuesto que tendremos que ser congruentes y aplicar las medidas de austeridad y es fundamental que demos un rostro transparente hacia los coahuilenses y que seamos muy eficaces y eficientes en el manejo de los recursos públicos.
“El presupuesto del Congreso del Estado proviene de los recursos que los coahuilenses pagan de una manera puntual a través de sus impuestos; tendremos que ser congruentes y transparentes con el manejo del mismo”, aseguró el Torres Cofiño.
Como se informó en su oportunidad, el Poder Legislativo reportó haber gastado 684 mil 953 pesos en el rubro de viáticos durante 2018.
La cifra puede ser calificada de suficiente, de excesiva o incluso de insuficiente. Eso dependerá del parámetro que se utilice para juzgarla, así como del número contra el cual se contraponga. Comparada contra lo que el propio Congreso gastó en 2017 parece alta, pues casi duplica el presupuesto ejercido en los 12 meses previos.
En términos estrictos, sin embargo, la cifra podría ser tres, cinco o diez veces superior y nadie se quejaría si estuviera a la vista de todos el beneficio que tal gasto reportó a la comunidad, es decir, si estuviera a la vista la evidencia de que no se trató de un gasto, sino de una inversión.
Lejos de esta posibilidad, lo que se percibe más bien es que nuestros representantes populares utilizan el presupuesto público para financiar, con cargo a los contribuyentes, los lujos que creen tener derecho por ocupar una banca en el Poder Legislativo.
Así pues, lo que el líder parlamentario –y todos los integrantes del Congreso– nos debe ofrecer no es que se ajustarán a políticas de austeridad de forma acrítica, es decir, que simplemente gastarán menos dinero en el futuro del que gastaron en el pasado.
Lo que deben ofrecernos –y cumplir– es que los recursos públicos que ejerzan tengan una utilidad verificable para la ciudadanía, y no que sirvieron solamente para que nuestros representantes añadan millas a sus programas de viajero frecuente o un restaurante más a la lista de lugares en donde agasajaron su paladar.
