Contralores de órganos autónomos, ¿quién tiene prisa?

A paso lento –“pero seguro” podrán decir los integrantes de la Legislatura Estatal– avanza el proceso mediante el cual se convertirá en realidad el más relevante producto que hasta ahora ha generado el Sistema Estatal Anticorrupción: la iniciativa para que las instituciones autónomas de la entidad cuenten con un órgano interno de control, cuyo titular sea seleccionado con apego a criterios y que garantice efectivamente el “control interno”.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo Estatal, Samuel Rodríguez Martínez, la razón por la cual el proceso avanza al ritmo en que lo hace es que el procedimiento que debe seguirse, para realizar las designaciones mencionadas, no es el mismo en todos los casos y eso complejiza la elaboración de la convocatoria respectiva.

“La Comisión de Gobernación ya está concluyendo la convocatoria, ahora tenemos que ver con los grupos parlamentarios y la fracción parlamentaria, en Junta de Gobierno, para ver si hay alguna cuestión que quieran incorporar. Espero que el lunes podamos tener ya un acuerdo de la convocatoria para darla a conocer”, ha dicho el legislador.

Seguramente lo señalado por el diputado Rodríguez es cierto: los términos de la convocatoria no pueden simplificarse de manera sencilla y la redacción del documento puede resultar compleja.

Sin embargo, la experiencia con el trabajo legislativo establece que, cuando nuestros representantes populares quieren, son capaces de concretar procesos legislativos en tiempo récord, no importa si estos implican realizar labores titánicas, como leer miles de páginas en unas cuantas horas.

Antecedentes de este tipo los hemos visto centenares de ocasiones, y tal hecho es el que conduce necesariamente a mantener una importante dosis de escepticismo en torno a la explicación que se ha ofrecido en relación con el proceso de designación, de quienes se encargarán del control interno de los órganos autónomos de Coahuila.

Siempre resulta conveniente recordar, frente a situaciones como ésta, el origen de la propuesta: de acuerdo con la información que se ha difundido desde hace varias semanas, la propuesta para emprender dicha tarea, si bien fue planteada formalmente por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, tuvo su origen en una iniciativa de la sociedad civil de la región Laguna.

Y cuando esta información se contrasta con los casos de sorprendente celeridad, que hemos atestiguado en la actividad del Poder Legislativo, un dato resulta evidente: cuando ello ha ocurrido, nunca se ha tratado de una iniciativa que haya sido remitida por la sociedad civil a la Legislatura Estatal o promovida por las minorías parlamentarias.

Harían bien en este sentido, los integrantes del Poder Legislativo de Coahuila, de manifestar de forma abierta si existe o no disposición para concretar una iniciativa que podría ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En ese proceso, convendría también que nuestros representantes populares entiendan que la actitud mostrada hasta ahora, con todo y la promesa de que “tal vez el lunes” pueda haber una convocatoria, no hace sino abonar al clima de desconfianza hacia la actividad gubernamental.