Quienes se habrían ‘embolsado’ decenas de millones de pesos se encuentran hoy más cerca del territorio de la impunidad que de la posibilidad de recibir un castigo por sus actos

No es ninguna novedad enterarnos de que en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –cualquiera que sea la sección a la cual nos refiramos– se cometen actos ilegales y que estos perjudican a los empleados del magisterio al mismo tiempo que benefician, sobre todo, a quienes ocupan los puestos directivos en dicho gremio.

Por ello a nadie puede sorprender el reporte que publicamos en esta edición relativo a la presentación de una denuncia penal por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en contra de quienes habrían incurrido en actos ilegales en el manejo del Fondo de Ahorro de la Sección 5 del SNTE.

De acuerdo con el Informe de Seguimiento 2019, publicado por la ASE, el 24 de septiembre del año pasado se habría presentado la denuncia penal en contra de “quien o quienes resulten responsables” por “irregularidades advertidas en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2018”.

La confirmación de la denuncia penal se relaciona directamente con informaciones extraoficiales que se han venido publicando, y de acuerdo con las cuales el perjuicio cometido en contra del patrimonio de los profesores coahuilenses habría alcanzado la cifra de 60 millones de pesos.

Como se dijo al principio, enterarse de este tipo de historias no es ninguna novedad, pero eso no implica obviarlas o restarles importancia, pues se trata de presuntos actos de corrupción que debieran ser atendidos y resueltos a través del complejo y costoso Sistema Anticorrupción del Estado.

Sin embargo, de acuerdo con el propio Informe de la ASE, a más de cuatro meses de presentada la denuncia el asunto seguiría en el estatus de “carpeta de investigación”, es decir, que la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción aún no ha decidido si tal caso merece ir ante un juez o no.

En otras palabras, quienes se habrían “embolsado” decenas de millones de pesos –que muy probablemente serán pagados al final con recursos de nuestros impuestos– se encuentran hoy más cerca del territorio de la impunidad que de la posibilidad de recibir un castigo por sus actos.

Tampoco esto es novedad; las múltiples historias que los medios de comunicación hemos reseñado por décadas, relacionadas con actos de corrupción en los fondos que maneja el SNTE en Coahuila, tienen el común denominador de haber constituido “casos de éxito” para sus perpetradores, es decir, de haber terminado en impunidad.

A diferencia del pasado, hoy contamos con todo un entramado institucional presuntamente dedicado a combatir la corrupción y eso debería hacer una diferencia. Y cuando decimos “debería” no nos referimos solamente al hecho de que se presenten denuncias –que de eso ya estamos cansados–, sino a que se ofrezcan resultados concretos, es decir, individuos procesados penalmente y eventualmente condenados por sus actos.

Mientras eso no ocurra, el público seguirá cuestionando para qué sirve el Sistema Anticorrupción y respaldará cualquier iniciativa que plantee su desaparición por obsolescencia.