Corrupción: la falta de normas no es el problema

El Congreso de la Unión concluyó ayer el proceso legislativo para crear la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ordenamiento teóricamente diseñado para evitar que se repitan casos como el que volvió tristemente célebre a nuestra entidad y que todo mundo conoce como “La Megadeuda”.

En otras palabras, el trabajo realizado por nuestros representantes populares tendría que dar como resultado que los gobiernos municipales y estatales de México no puedan, en el futuro, contratar deuda de forma irresponsable y, menos aún hacerlo mediante la utilización de documentos falsos.

A primera vista, todos deberíamos festejar el diseño y aprobación de esta Ley pues, al menos en teoría, gracias a su existencia no volverán a ocurrir episodios como el que hoy padecemos —y padecerá una generación completa— en Coahuila.

Sin embargo, no hace falta sino arañar un poco la superficie del argumento para caer en la cuenta que la aprobación de la referida norma no puede ser motivo de festejo ni algarabía.

Y esto es así, porque el problema detrás de “La Megadeuda” —y, en general, de todos los excesos cometidos por nuestros gobernantes a lo largo de la historia— no es la ausencia de normas, ni los “huecos” que tengan éstas, ni la “habilidad” de los miembros de nuestra clase política para ocultar sus fechorías. El problema es la impunidad.

Creer que a partir de la existencia de esta nueva Ley, nuestros políticos “se van a portar bien” equivale a creer que los excesos cometidos hasta ahora no han sido castigados porque el Estado carecía de los instrumentos jurídicos adecuados para ello.

Nada más falso.

Por ello, en lugar de crear nuevas leyes —que prometen exactamente lo mismo que las anteriores— habría sido más eficaz perseguir y castigar a quienes comprometieron la hacienda pública en el pasado reciente. En el caso concreto de Coahuila, en lugar de una nueva ley habría bastado que los protagonistas de “La Megadeuda” fueran investigados, perseguidos y, en caso de ser encontrados culpables, enviados a prisión.

Lejos de tal posibilidad, los responsables del mayor fraude perpetrado en contra de los coahuilenses en la historia moderna han gozado de protección —a nivel estatal y federal— y, aún con el descrédito público que les ha provocado el escándalo generado por “La Megadeuda”, gozan impunemente del dinero que robaron de las arcas públicas de nuestra entidad.

Antes y después de la flamante Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios aprobada ayer, había instrumentos jurídicos suficientes para castigar los excesos de quienes, durante la administración de Humberto Moreira, robaron a los coahuilenses. Lo que no ha habido -y probablemente no habrá- es voluntad política para perseguir y castigar la corrupción de manera eficaz.