Corrupción: parte del Senado está a su favor
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Tras la discusión y aprobación, en la Cámara de Senadores, de la mayor parte del paquete de reformas que integran el denominado “sistema nacional anticorrupción” (expresión a la cual resulta imposible colocarle mayúsculas iniciales) subsisten más preguntas que respuestas en el ánimo ciudadano.
La primera de ellas es prácticamente una obviedad: ¿habrían votado en forma distinta nuestros “representantes” (imposible obviar las comillas) de haberse realizado la votación de estas iniciativas antes de las elecciones del denominado “súper domingo”?
Porque, como habrá de recordarse, las distintas fuerzas políticas del País decidieron aplazar -hasta después de las elecciones del 5 de junio pasado- la discusión y aprobación del paquete legislativo que partió de la iniciativa ciudadana denominada “3de3”.
Imposible saber la respuesta, pero al vincular los resultados electorales con la votación de los últimos dos días en la Cámara Alta se antoja sin duda creer que el aplazamiento en el análisis y votación de la reforma constituyó parte del cálculo político de las dirigencias partidistas mexicanas.
Y eso, en todo caso, lo único que probaría es que, como lo hemos sospechado siempre, los intereses ciudadanos se encuentran lejos del radar de quienes integran nuestra clase política, a quienes lo único que interesa es su permanencia -a cualquier costo- en el aparato del poder.
La siguiente pregunta, aunque igual de importante, tiene destinatarios específicos: los integrantes del Senado que impidieron con su voto convertir en ley uno de los aspectos más importantes de la iniciativa “3de3”: que las declaraciones de los servidores públicos fueran públicas.
El cuestionamiento es, desde luego, obvio: ¿por qué es mejor para la sociedad que los elementos clave de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos sean reservados y no públicos? ¿Cómo es que a los ciudadanos nos beneficia más la opacidad que la transparencia?
Más específicamente, ¿cómo es que el hecho de mantener en secreto la información relevante sobre el patrimonio de los servidores públicos va a resultar más eficaz en el combate a la corrupción que poner a disposición del público esos datos?
Quienes votaron en contra de la máxima transparencia -en el caso de Coahuila, los senadores Hilda Flores Escalera y Tereso Medina Ramírez- deberán ofrecernos una buena explicación que permita entender cómo es que, desde su perspectiva, “enriquecieron” una iniciativa ciudadana quitándole justamente el más importante de sus elementos: la posibilidad de que cualquier persona, y no solamente las instituciones encargadas de “vigilar” el comportamiento de los funcionarios gubernamentales, pueda medir la evolución del patrimonio de estos.
Ambos representantes de nuestra entidad afirman que se está intentando “desprestigiar” el trabajo del Senado y aseguran que se está buscando “engañar” a los ciudadanos al señalar que se mutiló la iniciativa. Mientras no ofrezcan respuestas puntuales y convincentes a las preguntas anteriores tendrán que aceptar que el juicio de la ciudadanía no va a cambiar.
