Crimen organizado y violencia política provocan desplazamiento de más de 20 mil mexicanos
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En 17 de los 25 episodios de desplazamiento masivo se detectó como origen la violencia de grupos armados organizados, esto en los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa
Ciudad de México.– De enero a diciembre de 2017 se registraron 25 episodios de desplazamiento masivo interno forzado en México, lo que afectó a 20 mil 390 personas, de las cuales el 60.44 por ciento son indígenas, informó hoy la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Las entidades federativas con más episodios son: Guerrero con 7 desplazamientos masivos, Sinaloa, con 5, y Chihuahua, Chiapas y Oaxaca con 3 respectivamente, indicó José Guevara, representante de CMDPDH, en rueda de prensa.
El acumulativo histórico es de al menos 329 mil 917 personas desplazadas de manera masiva desde el inicio de la estrategia de seguridad frontal contra el crimen organizado, llamada “Guerra contra el narco” de Felipe Calderón.
“El fenómeno de desplazamiento está invisibilizado. El Estado se ha resistido en reconocer la dimensión del problema y se ha resistido a construir una política integral que permita a las instituciones identificar la dimensión y contar con las herramientas necesarias para prevenir y atender a las víctimas”, detalló José Guevara.
El activista explicó que este registro – obtenido del análisis hemerográfico e información contrastada con organizaciones civiles- responde solo a los movimientos masivos, no de familias y personas que en lo individual han tenido que dejar sus lugares de residencia. Los 329 mil desplazados es una “cifra conservadora”, se estima que hay muchos más casos, aclaró.
Brenda Pérez, coordinadora de investigación de desplazamiento de la CMDPDH recordó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI de 2016 señala que un millón 61 personas en México han cambiado de vivienda a causa de la inseguridad.
“No dice que es desplazamiento como tal; pero si uno ve bien la redacción, se trata de personas que optaron por cambiar de residencia para protegerse de la delincuencia. Esto nos está hablando de un fenómeno de desplazamiento porque sí indica que la causal es la inseguridad”, agregó.
Además, recalcó que esta cifra proporcionada por el INEGI no detalla si es acumulativa o solo del periodo en el que se efectuó el sondeo por lo que no hay un registro preciso del total de personas desplazadas por la violencia en México.
En relación a los desplazamientos masivos de 2017, Brenda Pérez destacó que la población indígena fue la más afectada, pues del total de desplazados, 12 mil 323 eran de diferentes etnias.
“Algunos de estos episodios fueron provocados por conflictos comunitarios antiguos de origen y territorial que, al no haber sido resueltos en el pasado, resurgieron y se intensificaron, volviendo a generar situaciones de violencia y, por consecuencia, desplazamientos. Tal fue el caso de los episodios ocurridos en San Juan Juquila, Oaxaca, que desplazó alrededor de mil mixes y en Chalchihuitán, Chenalhó, Chiapas, que desplazó a más de 5 mil indígenas”, abundó.
El fallecimiento de 14 de personas que estaban en situación de desplazamiento es otro aspecto que enfatizó Pérez. Doce de estas personas afectadas eran indígenas.
“Esto evidencia la grave situación que enfrentan las víctimas y nos habla de la vulnerabilidad en las que están expuestos”.
El estado con mayor número de personas desplazadas masivamente fue Chiapas con 6 mil 90 casos, (el 29.87 por ciento) seguido por Guerrero con 5 mil 948 desplazados (29.17 por ciento) y Sinaloa, en tercer lugar, con 2 mil 967 casos (14.55 por ciento).
“En todos los desplazamientos se presentó el uso directo de la violencia”, detalla el informe.
17 de los 25 episodios de desplazamiento masivo fueron causados por violencia de grupos armados organizados. Estos ocurrieron en Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.
Por violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales se presentaron siete desplazamientos masivos en Chiapas, Chihuahua y Oaxaca.
Los proyectos extractivos mineros también generaron desplazamientos, pues se registró al menos un caso en Zacatecas.
CEAV NO AYUDA A DESPLAZADOS
Marisela Orozco ha vivido en carne propia el desplazamiento desde el 2014 cuando tuvo que salir de Veracruz tras el secuestro y asesinato de dos hijos. Desde hace más de tres años ha tenido que enfrentar la burocracia, la falta de políticas de atención para las personas que están en su misma situación, así como la inacción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) instancia que le negó el apoyo inicialmente, denunció.
Marisela perdió a dos de sus tres descendientes: Gerson Quevedo Orozco de 19 años, estudiante de arquitectura de Universidad Veracruzana (UV), secuestrado cuando iba al Oxxo el 15 de marzo de 2014, y Alán de 15 años, estudiante de preparatoria y jugador de fútbol, integrante del equipo los Tiburones Rojos de Veracruz en la sub 17; acribillado cuando buscaba a su hermano ese mismo día en Medellín, Veracruz.
La mujer y su familia tuvieron que dejar su casa, su hogar y su vida hasta donde la conocían desde el plagio de su hijo.
Gerson fue interceptado por criminales y privado de la libertad cuando iba camino al Oxxo en la colonia Arboledas San Ramón, alrededor de las nueve de la mañana.
Los plagiarios llamaron alrededor de las once de la mañana para pedir rescate. Al menos 80 mil pesos debían pagados si querían volver a ver con vida a Gerson, narró Marisela.
El dinero fue exigido a Margarita, hermana de la víctima quien recibió la llamada.
Los sujetos indicaron el lugar y la forma en el que debería de entregar el dinero.
La familia pagó ese mismo día, cerca de las 5 de la tarde, pero de Gerson jamás regresó.
Alrededor de doce de la noche, un supuesto amigo de Gerson llegó a la vivienda de la familia. Ahí se encontraba Alan Quevedo, su cuñado Miguel Eliacim Caldelas, sub campeón nacional de Taekwondo, y su hermana Margarita.
El supuesto conocido le dijo a los parientes que sabía donde podrían tener a Gerson. Alan, Miguel y el supuesto amigo acudieron a una vivienda ubicada a unas cuadras en la misma colonia; sin embargo, una camioneta les cerró el paso y acribilló a Alan y a Miguel. “El amigo, curiosamente, solo tuvo un rozón”, añade Marisela.
Alan y Miguel resistieron las heridas por varios minutos, pero la ambulancia llegó una hora después, agrega la mujer.
Inmediatamente después de los hechos violentos, Marisela, su hija Margarita y su esposo abandonaron Medellín Veracruz, alertados del peligro que corrían.
“La misma policía me dice que nos iban a matar, que teníamos que salir inmediatamente”, abundó.
Las amenazas de muerte fueron constantes, apunta Orozco.
Marisela afirma que desde el momento en que dejó su casa acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para solicitar ayuda y refugio; pero se lo negaron con el argumento que eso le correspondía al DIF.
“Yo llegué en el 2014 primero rogando a CEAV que me ayudaran, fueron muchos meses de palabras, con papeles y no lograba nada. Terminé interponiendo un amparo, pero tampoco logré nada. Un juez resolvió que la responsabilidad de ayudarnos era el DIF; y el DIF dijo que no tenía albergues para familias, solo para ancianos y niños. No tenía albergues para nosotros, no hubo del apoyo de ni del DIF, ni CEAV”, comenta.
La familia Orozco salió de su hogar sin ropa, comida, ni pertenencias. Estuvieron en varias viviendas de personas que les daban alojamiento temporal y con organizaciones que le brindaron apoyo.
A la distancia, Marisela continúo con la búsqueda de su hijo Gerson y en el camino se unió al colectivo María Herrera y a la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, para rastrear a otros jóvenes. Se convirtió en defensora.
Ahora como activista, Marisela señala que hasta la fecha no ha sido atendida ni registrada como víctima de violaciones a los derechos humanos.
“No me cambiaron el estatus, yo sigo como víctima indirecta por el secuestro y asesinato de mi hijo. Creo que lo único que logré con mi caso es que la CEAV empezara a ver de que forma ayudar, porque en 2017 comenzaron a dar apoyos de vivienda y alimentación a víctimas indirectas”, refiere.
José Guevara de la CMDPDH recalcó que el caso de Marisela revela las víctimas de desplazamiento y de violaciones a derechos humanos, aún son invisibles para la CEAV pese a las reformas a la Ley General de Víctimas para atender a estos afectados.
“La CEAV no ha querido aplicar la Ley adecuadamente y ha dejado a las víctimas de desplazamiento en un estado de indefensión”.
Los activistas de la CMDPDH indicaron que es necesario un diagnostico real sobre el número de personas desplazadas y que se promulgue una Ley general en la materia.
