La semana que corre ha sido signada por haber ocurrido dos crímenes singulares: el de la alcaldesa de Juárez, Olga Gabriela Kobel Lara, y el del exsubsecretario de Gobierno, Ricardo Treviño Torres, quien perdiera la vida el día de ayer al ser ultimado durante un desalojo en el municipio de Acuña.

Más allá del hecho de tratarse de dos personas que ocuparon puestos relevantes en la administración pública, los decesos constituyen retos importantes para las autoridades responsables de la investigación y persecución de los delitos en la entidad.

Porque, con independencia de que los crímenes cometidos representen una obligación de investigar para las autoridades, el hecho de que una persona “relevante” sea asesinada implica un mensaje para los ciudadanos.

Y es que cuando un individuo que ocupó un cargo relevante en la administración pública es asesinado, los “ciudadanos de a pie” perciben que no pueden esperar mayores resultados, por parte de quien tiene a su cargo la seguridad colectiva, cuando se perpetre un crimen en contra de una persona “normal”.

Justamente por ello, las autoridades responsables de investigar y castigar los delitos deben actuar con celeridad en el esclarecimiento de estos crímenes, pues de otra forma estarían contribuyendo al descreimiento de los ciudadanos en relación con la actuación de sus autoridades.

Los ciudadanos de Juárez esperan que el asesinato de quien ocupó la titularidad del Ayuntamiento se esclarezca más allá de toda duda, del mismo modo que los habitantes de Acuña esperan que el homicidio de Treviño Torres se aclare a satisfacción.

Parecería un asunto de oficio, pero no lo es. Investigar los homicidios citados, perseguir a los presuntos responsables y llevarles ante la justicia constituye un hecho de la mayor relevancia en el contexto de la realidad actual.

Y lo es porque no se trata solamente de que quien haya cometido un ilícito sea castigado, sino de ofrecer confianza a los ciudadanos respecto de la eficacia de las instituciones públicas, particularmente las encargadas de investigar y perseguir los delitos.

Y es que en la medida en la cual los ciudadanos perciban que cualquiera puede transgredir las leyes y cometer un acto ilícito, las violaciones legales se multiplicarán y todos estaremos a merced de las pulsiones de quien considere que puede hacer justicia por propia mano.

Los asesinatos de Gabriela Kobel y Ricardo Treviño representan justamente eso: la idea de que es posible hacer justicia por propia mano ante la incapacidad del estado de proveernos de soluciones satisfactorias a los conflictos entre particulares.

Tal idea no puede prosperar entre nosotros y por ello es necesario que las instituciones públicas se den a la tarea de ofrecernos evidencia en el sentido de que su trabajo es garantía de que la procuración y administración de justicia se encuentra en buenas manos.