No estamos hablando solamente de menos alumnos en las instituciones privadas, sino también de la pérdida de puestos formales de trabajo y de la contracción de cadenas de valor

De acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), unos 800 mil alumnos, de diversos niveles educativos, están siendo obligados a migrar de escuelas privadas a instituciones públicas, derivado de la crisis que en este sector ha provocado la pandemia del coronavirus.

El dato se suma a las malas noticias que hemos venido acumulando en los últimos meses y que van evidenciando los estragos que, en diversos ámbitos de la vida social, está provocando la peor emergencia que haya enfrentado la humanidad en el último siglo.

No es un caso exclusivo de México, por supuesto, pero en nuestro País las consecuencias pueden ser mucho más severas que en otras regiones del mundo debido a las características de nuestra economía.

Que cientos de miles de estudiantes estén solicitando ahora un espacio en una institución pública es signo de, al menos, dos cosas:

Por un lado, de la pérdida –o, en el mejor de los casos, la reducción– de los ingresos de las familias. Quienes han perdido su empleo o han visto recortados sus ingresos deben disminuir gastos y la educación privada sin duda que está en los primeros lugares de la lista.

Por el otro, del hecho que al no poder ofrecer todos los servicios de los cuales dependen sus ingresos –como el de guardería, por poner un ejemplo– o al verse obligadas a reducir su matrícula para cumplir con las restricciones de proximidad impuestas por las autoridades sanitarias, los planteles privados pierden viabilidad económica.

No estamos hablando solamente de menos alumnos en las instituciones privadas, sino también de la pérdida de puestos formales de trabajo y de la contracción de múltiples cadenas de valor que implican la producción de uniformes, la realización de eventos o la adquisición de materiales escolares.

Por otra parte, estamos hablando de una presión adicional al sistema de educación pública que eventualmente no tendrá capacidad para atender a quienes ahora voltean hacia el estado en demanda de un espacio en las escuelas que dependen de la SEP.

En Coahuila solamente, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación, 18 instituciones privadas han notificado ya su cierre definitivo y otras 10 han señalado que podrían dejar de operar en el futuro inmediato. Se trata de noticias que no son para nada alentadoras y que complican aún más el inminente reinicio de actividades escolares.

Frente a esta situación, el Estado mexicano tendría que diseñar una respuesta eficaz que impida el colapso del sistema de educación –incluido en ello el sector privado–, pues en última instancia es una responsabilidad gubernamental garantizar la educación para todos, en todo el territorio nacional.

Ver de manera impasible cómo cierran instituciones privadas y frente a tal realidad adoptar la posición de que son sus propietarios –y sólo ellos– quienes deben ocuparse de la situación, implica arrojar un bidón de gasolina a un incendio que no hace sino crecer cada día y eso, desde cualquier punto de vista, parece una muy mala idea.