Según la respuesta del Congreso a una solicitud de información, en ese lapso sólo en 2011 y 2014 no se registró ninguna petición, pues en 2006 hubo una; en 2007, seis; 2008, cinco; 2009, una; 2010 y 2012, tres en cada uno; 2013, una; 2015, cuatro; y 2016, una. Sólo procedió el desafuero de José Arcadio Peña, quien fuera edil en Arteaga, luego de ser sorprendido robando cableado telefónico.

De 2006 a 2016 el Congreso de Coahuila recibió 25 solicitudes de juicio político contra funcionarios, desde gobernadores hasta alcaldes y regidores, de las cuales sólo una procedió: el desafuero de José Arcadio Peña, quien fuera edil en Arteaga, luego de ser sorprendido robando cableado telefónico.

Según la respuesta del Congreso a una solicitud de información, en ese lapso sólo en 2011 y 2014 no se registró ninguna petición, pues en 2006 hubo una; en 2007, seis; 2008, cinco; 2009, una; 2010 y 2012, tres en cada uno; 2013, una; 2015, cuatro; y 2016, una.

De éstas, destacan la de 2006 en contra del entonces gobernador Humberto Moreira (2006-2011): el solicitante consideró ilegal la designación de magistrados numerarios y supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado; además de otra en 2012 también en su contra, pero en este caso por la deuda pública contraída por Coahuila durante su mandato.


También se hicieron solicitudes de juicio político contra magistrados y presidentes municipales, como José Ángel Pérez, de Torreón (2006-2009), quien luego sería candidato a la Gubernatura.

En 2008 se entregaron otras a la Legislatura contra regidores de Matamoros y de Piedras Negras; así como contra José Refugio Sandoval, entonces diputado local al que acusaron de difamación. En 2009 también se pidió el desafuero de un Ministerio Público.

En 2012 se solicitó juicio político contra otro exmandatario, Jorge Torres (interino en 2011), así como contra los integrantes de la LVIII Legislatura, en ambos casos luego de revelarse el tema de la deuda.

El año pasado, el Congreso del Estado determinó retirar el fuero político a todos los funcionarios de Coahuila, por lo que ya no son necesarias este tipo de peticiones, que tenían como fin hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores públicos.