La fachada del edificio del Ayuntamiento de Villa Unión, Coahuila, recibió cientos de impactos de balas disparadas por un número incierto de presuntos integrantes de una organización criminal
Los hechos del pasado sábado 30 noviembre en el municipio de Villa Unión, Coahuila, y la forma en la cual reaccionaron frente a estos los gobiernos estatal y federal, tan sólo profundiza las dudas respecto de cuál es la verdadera estrategia para devolverle a los ciudadanos la tranquilidad que le han robado, de un lado, la desenfrenada violencia de los delincuentes y, del otro, la incompetencia gubernamental para combatirla

La violencia generada por el crimen organizado ha sido, a no dudarlo, una de las principales preocupaciones colectivas en México a lo largo de más de una década. El número de asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas –por sólo señalar los delitos más visibles– producidos por la “guerra contra el narcotráfico” constituyen una auténtica crisis humanitaria.

No es casual ni ociosa entonces la acalorada discusión pública en la cual estamos envueltos y cuyo propósito, al menos en teoría, es identificar una fórmula capaz de poner freno, de manera eficaz, a esta auténtica carnicería.

Para desgracia colectiva, el debate está gravemente contaminado por los humores político partidistas, así como por las excesivas simplificaciones usadas para diagnosticar el fenómeno y proponer soluciones. Eso dificulta gravemente, ya no digamos llegar a un acuerdo, sino incluso ser capaces de escucharnos y dialogar en forma civilizada.

Los extremos de la discusión son, acaso, lo único en torno de lo cual existe consenso: de un lado está la fórmula según la cual los abrazos serán los responsables de la pacificación del País; del otro se ubica la posición según la cual el problema se resuelve dejando claro quién tiene armas de mayor calibre y más balas para seguir disparando.

Ambas fórmulas han demostrado, sin lugar a dudas, ser incorrectas. Y cuando decimos incorrectas queremos decir sólo una cosa: ni un modelo ni el otro han logrado contener la matanza de seres humanos registrada desde hace ya demasiado tiempo.

Así llegamos al episodio del sábado anterior en Villa Unión, un municipio en el cual viven menos de siete mil personas, según el reporte de población del Inegi al 2015. El dato escandaloso lo conocemos todos: centenar y medio de individuos armados habrían ingresado a la cabecera municipal a bordo de camionetas y abrieron fuego contra el edificio de la Presidencia Municipal.

Antes, durante o después de eso –nadie parece tener intención de aclararlo– se registró un enfrentamiento entre los atacantes y policías, al cual siguieron múltiples episodios de violencia –tampoco está claro el número, los lugares ni las circunstancias– en los cuales habrían participado también elementos militares y de la Guardia Nacional. El saldo: 25 personas muertas, media docena de heridos y 36 detenidos.

Múltiples detalles invitan al análisis en este episodio, pero por ahora vamos a centrarnos en uno sólo: la forma en cómo lo ocurrido en Villa Unión profundiza las dudas respecto de la estrategia de seguridad en México.

Dos hechos valen la pena destacar al respecto:

El primero de ellos es el evidente: en Villa Unión, pese a la existencia de un peligro real e inminente en contra de la población de dicho municipio, la decisión fue utilizar la fuerza en contra de los delincuentes, es decir, abrir fuego sin negociar ni intentarlo siquiera (era imposible, por lo demás).

Balazos, no abrazos.

El segundo es la posición fijada por el presidente López Obrador respecto de tales hechos en la Mañanera del lunes pasado: elogiar la fórmula a partir de la cual se ha enfrentado a la delincuencia en Coahuila, no en esta ocasión, sino “incluso desde el sexenio pasado”.

¿Cuál es entonces la estrategia real del Gobierno de la República? ¿Dónde se ubica la frontera entre la convicción de no hacer uso legítimo de la fuerza –porque lo importante es atender las causas estructurales de la delincuencia– y abrir fuego aun cuando se pongan en riesgo vidas inocentes?

Peor aún: ¿cuál es el criterio para diferenciar entre la “necesidad” de liberar a Ovidio Guzmán en Sinaloa –con el propósito de salvar vidas– y voltear hacia otro lado cuando, según invitan a creer los datos a la mano, en Coahuila se persigue con ánimo de ejecución a presuntos delincuentes?

Cuestionar lo anterior no tiene el propósito de suscribirse a uno de los extremos del falso dilema según el cual uno debe optar entre “abrazos” y “balazos”, sino llamar la atención respecto de cómo, en el mar de contradicciones al cual nos hemos lanzado, sólo queda clara una cosa: la única “estrategia” real en torno a la seguridad pública es la de evitar costos políticos y “verse bien”… incluso si esto hace crecer la pila de cadáveres.

Aristas

Escucho a la senadora morenista Citlalli Hernández Mora decir, en el programa “Es la Hora de Opinar”, conducido por Leo Zuckermann, a propósito de la imposición de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, textualmente lo siguiente:

“…una cosa es la figura de Rosario Piedra y otra cosa es el proceso de designación. Yo estoy de acuerdo en que fue un proceso lamentable, que debería darnos vergüenza a todos los senadores…”.

¿Cómo puede un proceso considerarse –¡al mismo tiempo!– “lamentable” y/o vergonzante, pero capaz de dotar de legitimidad a la presencia de una persona al frente de una institución cuya principal –y acaso única– fortaleza es la fuerza moral de sus recomendaciones?

¿No se llama a eso esquizofrenia discursiva?

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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