Crecimiento y desarrollo

El crecimiento económico se define como el volumen de producción de bienes y servicios en un periodo determinado (generalmente un año) y que se expresa en unidades monetarias, esto es el producto interno bruto (PIB). El crecimiento contiene en sí la inversión pública y privada, que conlleva el reembolso de dicho capital invertido más una utilidad como incentivo de la propia inversión.

El desarrollo económico implica la satisfacción integral de las necesidades de las personas, de las comunidades y de la sociedad: atención a la salud; educación, capacitación y recreación; abasto y alimentación; servicios básicos (agua, drenaje, pavimentación, electricidad particular y pública, energéticos, etc.); seguridad; entre otros.

La polémica actual es en torno a que se debe impulsar primero el crecimiento económico para, a partir de éste, impulsar el desarrollo económico. Captación de impuestos y programar transferencias sociales para una mejor distribución de la riqueza. En estricto sentido es cierto este planteamiento, pero tiene sus aristas.

Para que el PIB incremente su indicador se hacen necesarias algunas condiciones, inicialmente el incentivo de ganancias por parte del capital privado, lo que se genera si la infraestructura productiva es adecuada (carreteras, aduanas, puertos, parques y corredores industriales, aeropuertos, etc.), si el entorno educativo y de capacitación es el indicado, con desarrollo de ciencia y tecnología, regulación también adecuada, justicia fiscal, seguridad y confianza en las decisiones de política económica (si las hubiere).

También es necesario el gasto público bien proyectado, precisamente impulsando infraestructura productiva para provocar efecto multiplicador positivo en la economía. En el sexenio pasado, el gasto corriente del gobierno federal fue más de 1 billón 200 mil millones de pesos (mmdp), mientras que en 12 años el promedio de gasto productivo fue de poco más de 230 mmdp.

Un componente del crecimiento es la demanda agregada, esto es el poder adquisitivo de las personas para consumir en el corto, mediano y largo plazos, con esto se fortalece la inversión directa y sus expectativas de ganancia. En México el crecimiento de tres décadas fue insuficiente en promedio 2.2%, uno de cuyos factores de contención fue la caída en el volumen salarial, aun que esto sea un incentivo para invertir.

Según el Inegi, a nivel nacional, en los años 2005-2018, el número de personas que obtienen de 1 hasta 3 salarios mínimos (sm) subió de 23 mil 761.1 millones a 33 mil 650.6 millones (41%), pero las personas con más de 3 sm pasó de 12 mil 167.6 millones a 9 mil 257.1 millones (-24%).

Si no se garantiza una mejor distribución de la riqueza a través del incremento salarial directo (pausado, sin generar inflación) y de transferencias sociales del gobierno, aun con crecimiento económico, no habrá desarrollo, es decir bienestar individual y colectivo.

Después de 35 años de incremento salarial promedio de 3.7%, el aumento este año fue de 16%; lo interesante es que a junio el incremento de precios fue 3.9%, menor que el mismo mes de 2018. Aparte, ya se operan transferencias económicas a pensionados y el programa de empleo a jóvenes.

Por lo anterior, según la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, a abril se elevaron en 8.3% las ventas minoristas. Asimismo, según Banco de México, se han incrementado créditos personales, uso de tarjetas de crédito e hipotecarios. Lo anterior son objetivos de desarrollo económico.

Sin embargo, la austeridad como ajuste del gobierno federal y la excesiva prudencia en el gasto no contribuyen a impulsar el crecimiento, añádase el complicado entorno económico mundial y la firma pendiente del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC), lo cual genera incertidumbre.

Aunque la Secretaría de Hacienda anunció que a partir de agosto la Federación ejercerá más de 500 mmdp en varios rubros, lo que previsiblemente impulsará el PIB.

El crecimiento se puede inducir estratégicamente, pero para lograr objetivos de desarrollo son necesarias políticas económicas y sociales, con la voluntad y apoyo de la sociedad, sobre todo de los inversionistas.