Durante su primer informe anual de labores, en diciembre de 2015, don Luis María Aguilar, ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), señaló enfáticamente su disposición a que el máximo tribunal de la nación se rija por criterios de transparencia y acceso a la información, al señalar que en la actividad jurisdiccional de la Corte, ”las decisiones se toman de cara a la sociedad”, que “no hay zonas oscuritas ni razones ocultas”, pues “todas las consideraciones y argumentos que se contienen en las sentencias son del conocimiento del público en general y de los justiciables en particular”.

Pero existe un fenómeno al que se ha dejado de dar importancia, a pesar de las recurrentes denuncias que siguen apareciendo en las páginas de medios impresos y digitales. Me refiero a los cada vez más lesivos casos de nepotismo, una variante de la corrupción que aqueja a los sistemas judiciales estatales e, incluso, al Poder Judicial federal.

Tal ha sido la gravedad del fenómeno y sus nefastos efectos en el prestigio y credibilidad del Poder Judicial, federal y estatales, que los académicos e investigadores le han denominado, irónicamente, “Poder Judicial familiar”, debido a que en dichas instancias se da la contratación simulada de familiares directos y amigos de jueces y magistrados en los juzgados, tribunales e, incluso, según se ha denunciado, en la SCJN, para ocupar plazas en instancias similares a las que ellos ocupan, aunque en otros lados o entidades; lo que es conocido como “contrataciones cruzadas”.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, las redes de complicidades y nepotismo afectan la buena marcha de los Ministerios Públicos, juzgados y tribunales, a nivel federal y estatal, debido a la incorporación de personas carentes de facultades y competencias profesionales que garanticen la prestación de un buen servicio, el respeto a la institucionalidad del Poder Judicial, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Por otra parte, estas redes son el entretelón para la comisión de flagrantes ilícitos que corrompen la impartición de la justicia. Por ello podemos decir que el fenómeno de nepotismo constituye una lacra que corroe al Poder Judicial, prevaleciendo de manera latente en los más de 700 órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, distribuidos en los 32 circuitos que lo integran en todo el País.

Esto configura anomalías que comprometen la integridad y funcionamiento de dicho Poder, al no abonar en la independencia e imparcialidad que debe prevalecer al momento en que un juzgador emite una resolución. Más aún, a la par de las relaciones de parentesco que existen, surgen relaciones de amistad, compadrazgos y camarillas, tanto al interior como al exterior del Poder Judicial, que vician la impartición de justicia, alejándola de la imparcialidad en detrimento del justiciable.

¿Cuántas veces hemos denunciado públicamente la liberación de criminales confesos, que dejan entrever los altos niveles de corrupción que priva entre algunas camarillas de jueces, magistrados y Ministerios Públicos, que hacen posible que se burle y corrompa la administración e impartición de justicia sin que nada pase?
Que a jueces, magistrados y ministros les molesten nuestras afirmaciones sólo justifica las críticas que hacemos sobre las obsolescencias con que opera el sistema judicial, poniendo en evidencia que es un Poder que no escucha a los ciudadanos, y que en el discurso vende la idea de que todo está bien frente a una realidad que lo desmiente.

El no reconocer el problema que nos aqueja causará que no se realicen las correcciones necesarias y por ende que todo siga igual. Estas acciones siguen desprestigiando al Poder Judicial y, por tanto, a las instituciones del Estado en las cuales deberíamos de confiar.