¿De qué está hecha la Suprema Corte?

¿Será que la despiadada impugnación a la Constitución de la Ciudad de México es un auténtico ejercicio democrático o una mera jugada para socavar un movimiento político? Me parece que ambas cosas: actuación democrática de unos y agandallamiento constitucional de otros. A la CNDH seguramente le asiste la razón, no tan sólo por la solvencia moral de su presidente, sino porque técnicamente se violentan sus facultades. A Morena le parece que la actual Asamblea Legislativa debió haberse disuelto, haber cedido el paso a un nuevo Congreso local: la I Legislatura. La Procuraduría General de la República, o sea el presidente Peña Nieto, estima que ciertas facultades federales no corresponden a la autoridad de la Ciudad y considera que una legislatura local no puede ir más allá de los derechos que “consagra” el texto constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mostró una independencia sin precedente, al cuestionar el modelo de poder judicial que contiene la Constitución de la CDMX. El presidente del Tribunal no se sometió al proyecto del jefe de Gobierno, lo que es inusitado en el sistema político mexicano.

En la controversia planteada por el Tribunal capitalino destacan, entre otros puntos, el relativo a la presidencia del órgano jurisdiccional. La Constitución que entrará en vigor hasta el 17 de septiembre de 2018, (con excepción de las disposiciones electorales) establece que el presidente del Tribunal durará en su encargo un año y sus pares elegirán al que deba sustituirlo. El precepto no es aislado, sino que debe leerse junto con la disposición de que el presidente del Tribunal ya no será al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Éste es un viejo asunto que surgió cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal, al iniciar el Gobierno del presidente Zedillo.

En aquellos días se trató de debatir (la Corte nunca lo permitió) la inconveniencia de conferir al presidente de la Suprema Corte la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Para hacerlo, sin remordimientos constitucionales, se degradó jerárquicamente al Consejo de la Judicatura y se convirtió en un apéndice de la Corte. La doble presidencia es una aberración jurídica y política. Si la pretensión era disponer de un órgano de administración del Poder Judicial independiente y autónomo, la doble presidencia la aniquiló. Me explico: la Corte tiene la facultad de revisar algunas decisiones del Consejo y eso origina que el presidente de ambos órganos, que es la misma persona, por más que se quiera desdoblar, debe resolver desde dos ámbitos de competencia diferentes. Al decidir en el Consejo la remoción de un magistrado, después tendrá que volver a decidir sobre este asunto, sólo que del otro lado de la mesa como presidente de la Corte, ya sea en un recurso de inconformidad o en un juicio de amparo. El presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura es juez y parte y luego parte y juez. Eso es lo que el Constituyente de la CDMX resolvió valientemente al consignar en la Constitución un presidente para el Tribunal y otro para el Consejo.

Como escribió Jorge Carpizo: “es inadmisible un Consejo de la Judicatura subordinado al Pleno (de la Corte)... Prefiero que desaparezca a que se convierta en un engaño… se debió haber suprimido el Consejo de la Judicatura Federal”. Entre todos los conceptos de invalidez que debe revisar la Corte, el relativo al diseño del Consejo de la Judicatura de la CDMX es el que toca la fibra más sensible del alto tribunal. ¿Cómo se garantiza realmente la independencia judicial? ¿Encerrándose en murallas judiciales o permitiendo que fluyan las ideas y las nuevas corrientes?
La Corte tiene enfrente una enorme responsabilidad, la más relevante desde que transita por la ruta de los tribunales constitucionales ¿Matará el movimiento constitucional más relevante que ha producido México desde Querétaro en 1917? Su relevancia será tanto o más importante que las decisiones en el famoso amparo Morelos, ligado a la tesis de la incompetencia de origen de José María Iglesias, icono jurídico del Siglo 19. Es probable que los mexicanos del Siglo 21 abreven en esta decisión que enfrentará una visión nueva, moderna, democrática, ciudadana como la contenida en la nueva Constitución de la CDMX contra la idea conservadora del país que no ha dejado de estar presente y nuevamente aflora. Veremos de qué está hecha nuestra Suprema Corte.

@MarioMelgarA