¿De qué hablamos cuando hablamos de ética?

Índice de popularidad de Enrique Peña Nieto: 23 por ciento. Índice de popularidad de Francoise Hollande (Francia): 12 por ciento. Índice de popularidad de Nicolás Maduro (Venezuela): 15 por ciento. Índice de popularidad de Mariano Rajoy (España): 25 por ciento. Índice de popularidad de Ollanta Humala (Perú): 15 por ciento. Índice de popularidad de Michelle Bachelet (Chile): 22 por ciento. Índice de popularidad de Michel Temer (Brasil): 13 por ciento. Índice de popularidad de Benjamín Netanyahu (Israel): 29 por ciento.

Todas las cifras previas son de 2016. Todos los nombres corresponden a presidentes o primeros ministros en activo. Los políticos mencionados, y un gran número de presidentes no enlistados por falta de espacio, son despreciados –reprobados– por sus connacionales. De otros países, como Nicaragua, Corea del Norte, Cuba o Siria, imposible saber: triunfa la opacidad. 

Aunque los índices de popularidad no son ni la Biblia ni ningún libro sagrado, sí reflejan el sentir del pueblo: las encuestas las llevan a cabo, supongo, organizaciones neutrales, no partidistas. La mayoría de los mandatarios inician sus gestiones con números favorables; la inmensa mayoría finalizan sus labores con cifras desfavorables. Otros, al terminar, o buscan cómo regresar y lo consiguen (Vladimir Putin, Hugo Chávez), o se petrifican hasta el último suspiro (Fidel Castro, Daniel Ortega), o intentan torcer las leyes y fracasan (Rafael Correa, Álvaro Uribe). En muchos países africanos, las elecciones son una farsa inmensa. 

Los índices de popularidad reflejan la aprobación de los mandatarios. No hay, o no los conozco, índices académicos o encuestas fiables para valorar las acciones post mandato. Conocer el legado de un mandatario finalizada su gestión es crítico, no sólo para calificar su labor, sino para saber la eficacia de su partido. Las herencias de un presidente en los campos de la salud, del trabajo, de las cifras de pobres al inicio y al final, califican al partido y a las personas que trabajaron con el presidente o el primer ministro. 

Hay otras formas de evaluar a los dirigentes cuando finalizan su período. La más sencilla son las calles de las ciudades. Verlos deambular sin guardaespaldas, mezclarse con sus connacionales y sentarse donde los mortales lo hacen es buen termómetro. También lo es el trabajo que desempeñan al terminar su labor política. Regresar a sus oficios pregobierno mide la salud de quien deja su oficio político. Otra, es quedarse en casa; Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón han salido del País, tras finalizar sus presidencias, por tiempos variables. 

Existen otras vías diferentes para valuar su gestión cuando el poder político ha fenecido. Bello ejemplo es el de Vaclav Havel, el gran estadista checo, quien, después de finalizar sus actividades políticas –presidió la República Checa entre 1993 y 2003– regresó a su oficio original, la dramaturgia y la escritura. Siniestro ejemplo es el de Tony Blair y similares. Tony, a quien poco le ha servido cambiar de religiones es uno de los grandes ejemplos vivos de la disociación entre ética y política. Blair presidió el Reino Unido entre 1997 y 2007. Tras abandonar el poder creó su propia compañía, Tony Blair Associates, actividad que le ha generado inmensas sumas de dinero. 

El exprimer ministro británico ofreció sus servicios a regímenes autoritarios, entidades financieras como JP Morgan o empresas petroleras. Blair, señalado, junto con George W. Bush como responsable de la inútil guerra contra Irak, llegó a cobrar hasta 320 mil euros por una conferencia. Su oficio político –ahora se dice que él fue el verdadero artífice de la guerra contra Irak– le permitió conocer muchos vericuetos políticos y financieros que lo encumbraron como asesor y conferencista. Blair es el paradigma de la falta de ética: ¿es lícito que un expresidente o primer ministro trabaje para consorcios internacionales y gobiernos corruptos, y aplique lo que aprendió durante su mandato?