En los últimos años se ha registrado un amplio e intenso debate respecto a la figura del fuero constitucional. Un debate provocado, como suele ocurrir en nuestro País, por el abuso de esta figura por parte de integrantes de la clase política para evadir la acción de la justicia tras cometer un acto delictivo.

Como se sabe, la figura del fuero fue creada para evitar una de las más deleznables traducciones del ejercicio despótico del poder: el uso del derecho penal para “eliminar” adversarios políticos enviándoles a la cárcel a partir de “inventarles” un delito.

Originalmente el fuero se concibió como una forma de proteger a los integrantes del Poder Legislativo Federal, en particular a quienes se “atrevían” a oponerse a los designios presidenciales o criticar las acciones realizadas por el titular del Poder Ejecutivo.

Tal como fue concebido, sin duda el fuero constitucional fue una buena idea en su momento e implicó un avance democrático que garantizó la verdadera división de poderes y el ejercicio de la libertad de expresión en la máxima tribuna parlamentaria del País.

Pero, como se sabe también, la clase política mexicana tardó poco en pervertir dicha figura e incorporarla al arsenal de estrategias con las cuales se ha ejercido largamente el poder de manera despótica en todos los órdenes de gobierno, razón por la cual dicho instrumento legal ha sido objeto de severas críticas en los años recientes.

Curiosamente, aunque todos los partidos políticos dicen estar en contra de la prevalencia de dicha figura, han sido incapaces de ponerse de acuerdo para expulsarla del orden jurídico mexicano, razón por la cual prevalece hasta el día de hoy.

Ayer justamente se registró la enésima discusión relativa al fuero en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propósito de una propuesta de reformas constitucionales impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena, misma que pretendía eliminar en definitiva la figura.

Por primera vez, sin embargo, la oposición logró “frenar” al bloque mayoritario e impidió que algunos artículos de la propuesta de reforma tuvieran la mayoría de dos tercios, necesaria para convertirse en ley.

Un aspecto de la discusión, sin embargo, merece análisis detenido y tendría que ser objeto de discusión en los días y semanas por venir: la oposición en su conjunto señaló que detrás de la propuesta se esconde la intención de abrirle la puerta a la “persecución política”, es decir, a la razón primigenia por la cual se creó el fuero.

El señalamiento no es trivial y por ello no debería ser despreciado sin más. Porque si bien es cierto que la perversión de la figura merece la condena unánime de los ciudadanos, no es menos cierto que en una democracia resulta inadmisible la posibilidad de que el gobierno de turno cuente con herramientas jurídicas para “deshacerse” de sus adversarios sólo porque estos ejercen el papel de oposición.

Valdrá la pena por ello revisar con detenimiento la propuesta y sus implicaciones. Que no haya fuero, desde luego, pero tampoco que exista la más mínima posibilidad de persecución política desde el poder.