‘Debe México enfrentar la crisis de forma participativa’, entrevista al Dr. Adolfo Orive Bellinger

Ingeniero civil y doctor en Economía y en Ciencias Políticas, Adolfo Orive Bellinger, ha sido profesor en la UNAM e invitado en universidades nacionales y del extranjero. Actualmente dicta diplomados en Economía Política Productivista y Política Democrática en la (UAdeC). Participó como luchador social en movimientos obreros, campesinos y urbano populares. Fue diputado federal y como tal elaboró y consensuó una Ley de Productividad que se aprobó en 2015, para el desarrollo económico de México, con acuerdos de participación en las empresas entre trabajadores y directivos.

VANGUARDIA: Después de décadas del siglo 20 con dinámica económica positiva, devino en México un periodo de más de 35 años con magro crecimiento de 2.2% promedio, ¿cuál es la causa de esta diferencia?

Adolfo Orive Bellinger (AOB): En la historia de México nunca se ha desarrollado, más o menos integralmente, la Nación y su población como en el periodo de 1935 a 1980: la economía creció a tasa de 6.5% promedio anual, con empleo, atención a la salud y esperanza de vida y se elevó el nivel educativo; el Estado fortaleció la soberanía nacional.

Disminuyó la pobreza, generándose una pujante clase media. Fue el Proyecto de Nación construido por la Revolución Mexicana, mandatado en la Constitución de 1917 que integra a la sociedad-economía-Estado y emprendido por el presidente Lázaro Cárdenas.

Con la crisis financiera como pretexto, a partir de 1982 los gobernantes neoliberales decretaron el colapso del proyecto revolucionario para instalar un proyecto importado, neoliberal actualizado, que favoreció a un sector muy reducido de mexicanos, a empresas transnacionales y al gobierno de Estados Unidos. Así se rechazó el único proyecto incluyente que fue resultado de la única transformación en la que intervino el pueblo.

V: En la economía mexicana ¿ha tenido resultados positivos el modelo de apertura económica y financiera?

AOB: Ya desde la década de los setenta del siglo pasado la industrialización se estaba llevando a cabo en forma subordinada a la del país del norte. Pero desde 1985, con la adhesión al Acuerdo de Aranceles y Comercio, y en 1994 al TLCAN, la dependencia en inversiones y comercio internacional ha sido aún más acentuada; en 35 años de neoliberalismo los empresarios mexicanos no fueron emprendedores.

La inversión pública y privada nacional ha sido desplazada por la inversión extranjera directa. De 1940 a 1981 la inversión privada creció al 8.7% promedio anual, y de 1982 a 2010 fue de 2.1%, mientras la inversión pública pasó de 7.2% en el primer periodo a 0.1% en el periodo neoliberal.

V: En materia social y económica ¿qué opinión tiene del Gobierno federal actual?

AOB: La actual administración ha demostrado verbal, presencial y políticamente que el Presidente está en contacto con sectores populares, muy diferente a los seis presidentes neoliberales. En este mismo sentido es su lucha contra la corrupción, el ajuste del presupuesto y la austeridad republicana, para establecer una política social sin precedente. Esas son expresiones importantes de esa Cuarta Transformación.

Pero no se han atendido los aspectos económico y político. Sin un desarrollo de la economía nacional y con ciudadanía autónoma, los programas sociales acabarán siendo un simple apoyo asistencial con millones de beneficiarios dependientes del Estado, pero no se reducirá la pobreza ni aumentará el nivel de vida de los sectores populares, porque no se generarán suficientes empleos dignos ni se apoyará a los microempresarios. La economía nacional sigue siendo neoliberal, en las variables macroeconómicas y en la producción.

Se debe aclarar que, históricamente, la Independencia y la Reforma como primera y segunda transformaciones, respectivamente, no fueron tales desde el punto de vista de la mayoría de los mexicanos, que solamente la Revolución como tercera transformación fue tal, tanto social como económica y políticamente. Para el pueblo mexicano la cuarta debía semejarse a la tercera y no a las dos primeras.

 V: Usted coordinó la redacción de una ley innovadora de impulso a la productividad, ¿hay oportunidades y alternativas de crecimiento y desarrollo en el México actual?

AOB: En 2015 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que construye instituciones y obliga a políticas para un crecimiento económico previsiblemente de 6% promedio anual, a corto y largo plazos, para generar empleos dignos con suficiente robustez del mercado interno, para impulsar la actividad de las microempresas y reducir drásticamente la pobreza. Pero esta ley no se ha cumplido porque su estructura jurídica es anti-neoliberal.

Como complemento, se reformó la Ley de Planeación introduciendo el artículo 21 bis, para diseñar un plan de desarrollo a 20 años y no sólo a seis, para que mediante procesos de democracia participativa los ciudadanos pudiéramos opinar y decidir al respecto.

También se reformó la Ley Federal del Trabajo en su artículo 153, con el objetivo de que en todas las empresas medianas y grandes se constituyera un comité paritario de productividad, con 50% patrones y 50% trabajadores, para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y distribuir la ganancia obtenida, pero para reinvertir las utilidades de los patrones y el ingreso extra salarial de los trabajadores. Pero esta ley no se cumplió en el gobierno neoliberal y no se cumple en el actual, parece, por la misma razón ideológica.

V: ¿Puede ampliar sus comentarios al respecto de esta Ley de Impulso a la Productividad?

AOB: Se elaboró como ley reglamentaria de los artículos 25 y 26, apartado A, de la Constitución, para fomentar economías sectoriales y regionales; fortalecer las cadenas productivas y promover los cambios estructurales hacia sectores de alta productividad; además, algo muy importante, elevar el contenido tecnológico de origen nacional, para elevar el empleo formal y el desarrollo económico.

Es necesario otorgar condiciones a medianos, pequeños y micro empresarios, que son la mayoría, de integrarse con grandes empresas a procesos de alta tecnología, para que sean proveedoras de las más de 6 mil 250 empresas exportadoras, generando crecimiento endógeno, aprovechando los beneficios del comercio internacional.

V: ¿Cuál es la causa de que no se aplique la Ley de Impulso a la Productividad?

AOB: La Ley no se ha aplicado porque económicamente el Gobierno pasado fue neoliberal y el actual también, lo que es plataforma para que en 2024 vuelvan a tomar el poder político los neoliberales.

El estancamiento y la crisis actual demandan la transformación económica en el sentido señalado por la Ley.

El problema político es la decisión del Presidente de no actuar como Jefe de Estado mandatado por el artículo 25 constitucional, para ser rector de la economía, pero además reduce a la corrupción la relación entre los poderes político y económico, pero son esenciales los campos en los que deben complementarse, como señala la Ley, para el bien de las mayorías. La economía no debe blindarse de la política y el Presidente, consciente o no, sigue esa línea neoliberal.

Desde el punto de vista de los empresarios, en lo general son sus trayecto-dependencias lo que impide la aplicación de la Ley, porque históricamente no han sido emprendedores, sino dependientes del Estado desde 1935 hasta 1980, para la industrialización, la agricultura y los grandes servicios, pero más en el neoliberalismo con el raquítico crecimiento económico, por la reducida inversión pública y privada; mientras el Presidente no garantice el apoyo del Estado a las inversiones privadas los empresarios no asumen riesgos.

V: En las condiciones políticas actuales del País, ¿sería operativamente viable la aplicación de esta Ley?

AOB: Sí es viable, y más ahora con la crisis generada por la pandemia. Según la Ley, se integraría un Comité Nacional de Productividad presidido por el Presidente, con la participación del gabinete económico, con representación de inversionistas privados, representación de trabajadores y otra de universidades, para cumplir con lo establecido por el artículo 25 Constitucional que estipula que “el desarrollo nacional debe contar con la rectoría del Estado y el consenso de los sectores público, privado y social”.