Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte, debe sentir vergüenza por su actuación en el caso de la consulta propuesta por López Obrador para que el pueblo determine si se debe juzgar o no a cinco de sus antecesores. Igualmente deben estar los ministros que con él votaron en favor de esa aberrante iniciativa: Juan Luis González, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán. La forma servil en que atendieron la consigna de AMLO nos deja a los mexicanos en estado de indefensión frente al poderoso. La Corte aparece ahora como un instrumento del Presidente de la República, igual que en los peores tiempos de la dominación priista. No cabe pensar que quienes se manifestaron en favor de la propuesta presidencial hayan votado en conciencia. La iniciativa de AMLO era tan contraria a la ley y a la razón que procedía rechazarla de plano, como hizo en su proyecto el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales. Lejos de eso Zaldívar esgrimió una serie de especiosos argumentos que en vez de poner luz en la cuestión la oscurecieron más, y que no fueron suficientes para disimular la claudicación del Presidente de la Corte ante López Obrador. En su intervención, inusualmente previa al debate, Zaldívar manifestó que la Constitución encomienda a los ministros “una función político-constitucional, en el sentido de que nos corresponde abrir las puertas de la vida institucional a quienes históricamente han estado excluidos de ella”. Decir tal cosa es falsedad, a más de demagogia. Primero habría que probar que muchos o algunos mexicanos han estado excluidos de la vida institucional, y determinar luego, en su caso, si toca al Poder Judicial incorporarlos a ella, como sostiene Zaldívar, y no al Legislativo, al que corresponde formular las leyes en que se basa todo lo relativo a las instituciones nacionales. La función de la Suprema Corte ha de tener un contenido estrictamente jurídico, más allá de toda política coyuntural. En este caso el Presidente del tribunal supremo y quienes lo siguieron en su desatinada decisión abdicaron de su calidad de juristas y de su independencia personal, pusieron la ley y la justicia en manos del Ejecutivo, y atentaron así en forma sumamente grave contra el equilibrio de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que son característica primordial de un estado de Derecho. Yo confiaba en que la Suprema Corte rechazaría, incluso por unanimidad de votos, la ilegal propuesta de AMLO. Ahora veo que en relación con seis de los 11 ministros mi confianza estuvo mal depositada. Pensé equivocadamente que los tres que propuso López Obrador: Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos-Farjat, serían servidores de la Nación y no sirvientes de quien los propuso. También en forma errada supuse que Zaldívar y los otros dos que votaron en favor de la iniciativa presidencial velarían por la Constitución y por la misma Corte y acotarían una de las caprichosas ocurrencias de AMLO. Mi esperanza resultó fallida. Todo indica que los ciudadanos no podemos contar ya con la Suprema Corte como garante de la legalidad. Convertida en órgano político es ahora uno más de los instrumentos de que dispone López Obrador para imponer su voluntad sin un poder al frente que contraste el suyo. Aplaudamos a los cinco ministros que votaron en contra de la ilegal consulta: Luis María Aguilar, Norma Peña, Javier Laynez, Fernando Franco y Jorge Prado. Merecen reconocimiento por su entereza y por su integridad. Esperemos ahora a ver qué comedia –o qué drama– pone en escena el director teatral… FIN.

Catón

Columna: De política y cosas peores