Por: RAINER HUHLE*

El 10 de diciembre de 1948 se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas –sin voto en contra– la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 69 años más tarde, podemos ver cómo ha avanzado esta convicción de que todos y cada uno de nosotros tenemos derechos humanos inalienables. Numerosos tratados internacionales han consolidado estos derechos, la mayoría de las Constituciones nacionales los han integrado, y en Europa y América Cortes Internacionales velan porque los Estados los respeten y promuevan.

Hay quienes afirman, sin embargo, que estos derechos humanos ya no estarían en consonancia con un mundo en el que proliferan grupos terroristas, con o sin apoyo de Gobiernos; en el que grandes empresas tienen más poder económico –y también político– que muchos Estados; o en un mundo que todavía no ha podido crear un poder independiente y efectivo para garantizar universalmente nuestros derechos humanos.

Estoy convencido que lo contrario es cierto. Necesitamos los derechos humanos más que nunca, y necesitamos defenderlos con más fuerza y con más creatividad que antes. Son los gobiernos democráticos operando en el marco de un Estado de derecho los primeros llamados a promoverlos y garantizarlos. Pero somos las personas de la sociedad civil quienes tenemos que insistir en el respeto de nuestros derechos y en el cumplimiento de las obligaciones que en el ordenamiento jurídico nacional e internacional corresponden a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales.

Y lo estamos haciendo. Si en 1948 fueron poco más de una decena de organizaciones civiles luchando por los derechos humanos, hoy son miles en todo el mundo. Naciones Unidas así como la Comisión y la Corte Interamericana han reconocido el indispensable rol que juegan las personas y organizaciones que promueven los derechos humanos. Son ellas y ellos quienes registran las violaciones a nuestros derechos, las denuncian ante autoridades estatales e internacionales, acompañan a las víctimas y proponen políticas públicas para garantizar el disfrute de los derechos.

Cada sociedad que cuenta con personas y organizaciones que luchan por los derechos de todos, debería celebrarlo. Lamentablemente, no siempre es así. Por el contrario, en gran parte del mundo vemos que los y las defensores de derechos humanos son hostigados, perseguidos y hasta asesinados. 

La cámara de diputados de Colombia, en una reciente revisión de los acuerdos de paz del año pasado, determinó que nadie que haya defendido los derechos humanos de un ciudadano en contra del Gobierno está calificado como juez en la naciente Justicia Especial de Paz. Si esta abierta descalificación de la labor de los abogados de derechos humanos por un órgano legislativo queda en firme –esperamos que no sea así–, sería un severo golpe contra todos los defensores.

En Malta, hace pocas semanas una periodista comprometida con la defensa de los derechos sociales de quienes trabajan honestamente por sostener su vida y la de sus familias fue vilmente asesinada en plena luz del día. En México, Turquía y otros Estados, la vida, la seguridad y la libertad de periodistas que actúan conforme los principios éticos de su profesión están más y más en peligro.

En un mundo donde el agua y la tierra son recursos cada vez más escasos y por lo tanto más codiciados por los grandes poderes económicos (a veces apoyados por Gobiernos), líderes comunitarios como Berta Cáceres en Honduras y muchos desde Asia oriental, pasando por África hasta América Latina, ponen en riesgo su vida en la defensa de la tierra y el agua. Es decir, en la defensa del derecho de todos nosotros a estos recursos de la tierra que nos deberían nutrir a todos.

Las autoridades encargadas de la investigación de estos crímenes, así como los jueces que deben sancionarlos, y de esta manera garantizar los derechos humanos, muchas veces no cumplen con este deber. Pero cuando lo hacen, en contra de poderosos intereses, ellos también pueden arriesgar su vida, como tristemente lo atestigua el reciente asesinato del comisionado de Derechos Humanos en Baja California Sur, y los numerosos testimonios de otros funcionarios de las Comisiones de Derechos Humanos en varios estados de la Federación que dan cuenta de persecuciones y amenazas sufridas por ellos.

Las madres y hermanas, padres y hermanos o hijos de los muchos miles de desaparecidos en México y otros países tal vez no habían pensado mucho en sus derechos humanos antes de la terrible pérdida de un ser querido. Pero esta dolorosa experiencia de la búsqueda, tantas veces en vano, de sus familiares, y de la impunidad de los responsables en casi todos los casos, les ha hecho defensores incansables de sus derechos y de los derechos humanos de todos nosotros. 

El abogado de derechos humanos, la periodista que investiga injusticias, el funcionario público que cumple con sus deberes constitucionales, la líder campesina que defiende su comunidad y la naturaleza, los familiares de personas desaparecidas, y muchos más que defienden sus derechos a veces son vistos como si defendieran sólo sus propios intereses. 

Pensar así es desconocer profundamente la esencia de los derechos humanos. ¿No quisiéramos vivir todos y todas en un mundo donde podamos defendernos contra injusticias de un Gobierno, donde salgan a luz las redes corruptas que promueven el crimen, donde podamos confiar en la rectitud de un funcionario, donde esté preservada de manera sostenible la diversidad y la productividad de la tierra para nuestros hijos y nietos, y donde ninguna persona desaparezca sin dejar huellas?

Es por ello que los y las defensores de derechos humanos merecen la gratitud de todos nosotros, porque lo que defienden, más allá de su propia causa particular, son los derechos de todos. Y no sólo les debemos gratitud, debemos también apoyar su labor, levantar la voz cuando sufren descalificaciones y ofensas, debemos protegerlos contra agresiones físicas y no permitir que actos criminales en contra de ellos queden impunes.

Defender nuestros derechos humanos puede ser una molestia para Gobiernos que no los quieren respetar. Pero esto no hace a los defensores enemigos o adversarios del Estado. Todo lo contrario, en la historia del mundo, así como en el Siglo 21 son los defensores de derechos humanos quienes construyen Estado, si por Estado entendemos un Estado de Derecho. 

Mientras existan violaciones de nuestros derechos humanos, son imprescindibles las personas que, aceptando los riesgos que esta decisión conlleva, se dedican a defender los derechos humanos, los derechos de todos nosotros.

*El autor es miembro del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg

Este texto es parte 
del proyecto de Derechos 
Humanos  de  VANGUARDIA y  
la Academia IDH