Democracia y Gestión Pública

Los nuevos paradigmas de la gestión publica van ligados históricamente al desenvolvimiento de los sistemas de gobierno, particularmente, a su evolución democrática. La compleja naturaleza de la acción pública, se vuelve aún mas, al situarla en un contexto político democrático.

Muchos pueden argumentar que no hay acción pública en ningún otro contexto, es decir, que la acción no es pública, aunque sea gubernamental, más que en los sistemas democráticos. En ese sentido, más bien, la acción pública, está impregnada por los valores del sistema político, qué en este caso, corresponden al sistema democrático.

Los valores de los sistemas democráticos, que afectan a la acción pública, por lo que se refiere a su contenido, son los de responsabilidad y el de capacidad de respuesta a las demandas sociales legítimas. El de responsabilidad, se refiere al cumplimiento del mandato político para la acción, es decir, hacer aquello para lo que fue creado, la manera en que se han de gastar los recursos públicos, y rendir cuentas de lo que se hace, no solamente en el plano político, sino sobretodo en el económico, para dar una cuenta de resultados favorables de los recursos empleados. Por otro lado, la capacidad de respuesta a las demandas sociales legítimas, consiste en hacer lo que se necesita dentro de lo demandado y dejar de hacer lo superfluo e innecesario para optar por mejorar continuamente en base a la detección de necesidades.

En cuanto a la forma y al modo de hacer, los valores del sistema democrático de injerencia directa en la acción pública, son el de la transparencia y el de participación social en las decisiones. La transparencia de la acción pública es el conjunto de mecanismos que aseguran la igualdad de los ciudadanos frente a la administración y el cumplimiento de su mandato mediante la publicidad, el acceso a la información y la difusión de la misma. La participación, es el valor democrático por excelencia que promueve la colaboración ciudadana en la formulación y en la implantación de la acción pública.

Todos estos nuevos criterios, llevados a la práctica y adoptados por distintos países, sobretodo en Europa Occidental y en América del Sur y Norteamérica principalmente, se derivan de movimientos de modernización administrativa de las dos últimas décadas del siglo xx, conocido también como la Nueva Gestión Pública (NGP). Estas nuevas tendencias de concepción del Estado como conciliador, horizontal e incluyente, han contribuido a situar algunos de estos valores democráticos, en el primer plano de prioridad de las transformaciones del modo burocrático de las administraciones públicas y, en consecuencia, de la acción pública.

La filosofía y las herramientas de gestión pública que estas corrientes proponen, comenzando por la orientación al ciudadano como cliente, tienen como componentes principales los valores democráticos de responsabilidad, capacidad de respuesta, transparencia y participación. Resalta aquí, la importancia de la participación de los ciudadanos y de los empleados públicos.

Estos “nuevos” componentes en las administraciones públicas contemporáneas, no implican que se produzca una pérdida de la importancia de la dimensión garantista del sistema democrático en sus aspectos jurídicos y procedimentales, pero si que la centralidad de estos valores disminuya por su convivencia con los nuevos axiomas que se incorporan.

La modernización administrativa y la Nueva Gestión Pública, significan una profundización en los valores democráticos para la acción pública, debido a su explícita voluntad de mejorar la eficacia y la eficiencia. Todos estos nuevos supuestos se postulan sin renunciar a los dos principios básicos del Estado de Derecho: la primacía de la Ley y la igualdad de los ciudadanos frente a la Ley.

Por otra parte, en esta “modernidad”, se ha comprobado, que la externalización _actividad común en la nueva gestión pública_ de los servicios públicos, dificultan potencialmente la transparencia y la responsabilidad de la acción pública, al establecer barreras e intermediaciones entre los órganos competentes de la prestación y los ciudadanos. No obstante, la característica de una administración moderna, transparente y dentro de la legalidad, denota su carácter emancipador e incluyente hacia los ciudadanos. Resume el concepto de sociedad integradora, ya que la autonomía personal y el ejercicio de la plena ciudadanía conforman el diálogo básico para encontrar la gobernanza.

Abraham Alvarez Ramírez.

@Abraham_AAR