Durante abril del 2015, la sociedad guatemalteca se manifestó pacífica y masivamente contra la corrupción, ocupando las principales plazas del País. La chispa que incendió la indignación de viejos y jóvenes fue el caso "La línea". Una compleja red de sobornos y evasión fiscal revelada y judicializada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de ese país.

Establecida en septiembre de 2007, a solicitud del gobierno de Guatemala, la CICIG se configuró como una instancia independiente, de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar a las instituciones de justicia guatemalteca para investigar, identificar y desmantelar cuerpos ilegales de seguridad que cometían violaciones a derechos humanos. En un principio, el órgano auspiciado por Naciones Unidas, trabajaría durante un tiempo limitado en acciones de asesoría técnica, acompañamiento en procesos de denuncia y ejercicio de la acción penal. Sin embargo, una vez instalada, la CICIG se enfrentó a instancias con escasas capacidades de investigación y con cooptación de instituciones que le llevó a concluir que el problema de la corrupción en el país era sistémico, profundo y respondía  a las características de un Estado capturado.

Con la llegada del Comisionado Iván Velásquez Gómez a finales de 2013, la CICIG incursionó en investigaciones sobre macro-criminalidad y financiamiento electoral ilícito. A partir de ahí, y ya con mayores herramientas de análisis e investigación, se dieron a conocer casos que desnudaron la red de complicidades entre gobierno, élite empresarial y representantes populares.

Las movilizaciones descritas como la "Primavera chapina" —en alusión a los movimientos a favor de la democracia en el mundo árabe— reflejaron el enojo de una sociedad traicionada por las élites. Al grito de "RenunciaYa" la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina abandonaron sus cargos para enfrentar en la cárcel distintas acusaciones de corrupción. Tras de ellos, prácticamente todo el gabinete acabó tras las rejas.

Para los guatemaltecos y para el mundo, gracias a la colaboración de la CICIG, al fin se enfrentaba en serio la corrupción.

Con el tiempo, a la primavera le llegaría pronto su invierno. Cuando las investigaciones de corrupción electoral tocaron al hermano e hijo del presidente Jimmy Morales y los casos se utilizaron como herramienta política en el contexto de campañas electorales, el trabajo de la CICIG empezó a ser cuestionado. La historia terminaría con la suspensión de las visas de los integrantes de la CICIG, el fin de la prórroga de sus labores y el señalamiento del gobierno de Guatemala de constituir un riesgo para la soberanía nacional. No en balde, el recién electo presidente Alejandro Giammattei, hizo de la oposición a la CICIG, una bandera de campaña.

Tras 12 años de trabajo, más de 1540 personas fueron acusadas y 660 han sido procesadas. Cerca de 70 estructuras criminales fueron identificadas e investigadas. Las cárceles se llenaron de políticos y criminales. Y sin embargo, la corrupción está lejos de haber terminado. Y lo peor es que ante la falta de un esquema de profesionalización, autonomía y eficiencia en las instancias de justicia, la falta de capacidades vuelve a ser el lado más vulnerable.

El caso Guatemala arroja luces y sombras sobre cómo hacer frente a uno de los problemas públicos más importantes de la región latinoamericana. Sin duda, una buena parte depende de evitar el derrumbe de nuestras ya de por sí débiles instituciones.