De acuerdo con el reporte periodístico que publicamos en esta edición, más de un millar de personas que trabajan en la construcción del Centro Federal de Readaptación Social, que se edifica en la población de Paredón en el municipio de Ramos Arizpe, realizaron el cuarto paro de labores desde que se inició la obra.
La suspensión de los trabajos está motivada, como en las ocasiones anteriores, en la demanda de mejores condiciones de trabajo, exigencia que incluye espacios dignos para vivir, cese del abuso de la policía municipal de Ramos Arizpe y atención médica oportuna, entre otras cosas.

A primera vista, el asunto podría pasar por un conflicto entre particulares, toda vez que, aún cuando la obra se trata de una instalación pública, es una empresa privada la responsable de la construcción y es ésta la titular de todas las obligaciones patronales.

Y en esencia eso es cierto: la empresa privada a la cual se adjudicó el contrato de construcción debe hacerse cargo de garantizar los derechos de las personas que contrató para la realización de la obra, pues eso forma parte de sus obligaciones legales.

Pero lo anterior no exime de responsabilidad al Estado, pues es éste el responsable de vigilar que todos, entidades públicas y privadas, cumplan con sus responsabilidades jurídicas.

Y eso es tanto más cierto en la medida en la cual los particulares que ejecutan una obra lo están haciendo con recursos públicos, pues entonces las tareas de vigilancia se multiplican por dos.

No puede el Estado desentenderse de la suerte que corren los trabajadores a quienes contrató una empresa para la ejecución de una obra pública. Se trata de una obligación elemental de vigilancia similar a la que se exige a los fabricantes privados a los que se reprocha que compren productos o materias primas que se producen o transforman en países donde se tolera el trabajo infantil o el desarrollado en condiciones de esclavitud.

Una obra ejecutada con recursos públicos no puede servir para que un contratista privado maximice sus ganancias a costa de los derechos de los trabajadores. Eso equivale a financiar la explotación laboral con recursos de los contribuyentes y constituye una situación claramente inaceptable.

Por ello, es de esperarse que al ser ésta la cuarta ocasión en la cual los empleados suspenden labores por incumplimiento de la empresa en las condiciones laborales, las autoridades encargadas de la obra intervengan para proteger los derechos de aquéllos y lo hagan con energía.

Mantener la actitud pasiva que, por lo visto, se ha sostenido hasta ahora, implica el incumplimiento, por parte del Estado Mexicano, de una importante cantidad de normas internas, pero también de los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.

Quienes trabajan en la construcción del CEFERESO de Paredón requieren de la protección de su gobierno. Y lo requieren de forma urgente.